Colombia es un país que se caracteriza por ser diverso en todos los ámbitos: climático, étnico, cultural, biológico, geográfico y por ende, lingüístico.  La diversidad lingüística de Colombia es resultado de sus lenguas ancestrales, muchas de las cuales ya han desaparecido, las lenguas criollas, que surgieron como resultado de influencias extranjeras, la lengua romanés o gitana, la lengua de señas colombiana, y por supuesto, el español de Colombia que conforman el conjunto de los idiomas de Colombia. En Colombia se hablan 70 lenguas: el castellano y 69 lenguas maternas. Entre ellas, 65 son lenguas indígenas, 2 lenguas criollas Palenquero de San Basilio y Creole de las islas de San Andrés  y Providencia,  la Romaní o Romaníes del pueblo Room-Gitano y la lengua de señas colombiana. Entre las lenguas indígenas destaca: achagua, andoque, awapit, bará, barasano, barí ara, bora, cabiyari, carapana, carijona, cocama, cofán, cuiba, curripaco, damana, desano, embera, ette naka, hitnu, guayabero, ika, inga, kakua, kamsá, kichwa, kogui, koreguaje, etc. Para los pueblos indígenas y sus más de 400 mil hablantes, la lengua materna es más que un instrumento para la comunicación; la lengua estructura el pensamiento, crea vínculos, articula relaciones sociales y con el cosmos, trasmite la esencia, tradición y sabiduría de generación en generación. Muchas lenguas nativas están en peligro de extinción como sus pueblos, según estudio de la Universidad de los Andes y el Centro Colombiano de Estudios de la Lengua Aborígenes, como es el caso de la achagua, que cuenta con 796 hablantes y la guayabero con 617 hablantes. Esta situación de riesgo es debido a su reducido número de hablantes en la zona geográfica de sus asentamientos, la tendencia al abandono de mecanismos propios para su transmisión a las nuevas generaciones, la exclusión social sobre estos pueblos, la violencia en los territorios, la falta de reconocimiento y visibilización por parte del Estado sobre la importancia de estas lenguas en la nación.

El reconocido restaurante Café del Mar fue desalojado el pasado 2 de septiembre en el Baluarte de Santo Domingo por incumplir el contrato. La Alcaldía de Cartagena, a través de la Gerencia de Espacio Público, restituyó parte del espacio público ocupado por el establecimiento. Esta sentencia exigió la liquidación del contrato de arrendamiento que la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar) mantenía con el establecimiento, debido a que se consideró que vulneraba los derechos colectivos al uso del espacio público y al respeto por el patrimonio cultural. La misma que, determinó que los derechos al disfrute del espacio público estaban siendo violados y que el canon de arrendamiento pagado por Café del Mar estaba muy por debajo del valor real. Se estimaba que este debía ser alrededor de $150 millones mensuales, dada la ubicación privilegiada del baluarte.  A estas, Café del mar realizó un último intento, interpuso un recurso de reposición contra esta decisión, argumentando “una evidente falta de soporte jurídico y afirmaciones netamente subjetivas y carentes de sustento jurídico”, por lo que el Tribunal no tenía la competencia para ordenar el desalojo, ya que esta acción debía ser tomada por el Consejo de Estado, que la Alta Corte solo había dispuesto la liquidación del contrato. No obstante, el magistrado Villalobos respondió el 18 de octubre, afirmando que el desalojo era una consecuencia directa de la terminación del contrato de arrendamiento; y constituye además la finalidad de la orden judicial.