La Unidad de Pago por Capitación (UPC) es crucial para garantizar los recursos mínimos necesarios para cubrir los costos de los servicios médicos, medicamentos, terapias y tecnologías en salud requeridos para la garantía del derecho fundamental a la salud de la población colombiana. En este sentido, el ajuste de la UPC no es una negociación, es una decisión técnica bajo la responsabilidad de los ministerios de Salud y Hacienda y el DNP.
Un incremento inferior al que se requiere para reconocer la realidad de la demanda de los servicios de salud, mediados por el envejecimiento poblacional, y el incremento de los costos de producción de los servicios médicos, que se ven afectados por el incremento del salario mínimo y la inflación, profundizará la crisis de recursos y afectará de manera notable el acceso de los colombianos a su sistema de salud.
Recordemos que, al cierre de 2025 se proyecta una siniestralidad del 105,9%, lo que significa que por cada $100 pesos que ingresan a las EPS, éstas gastan casi $106 solo en atenciones de salud, sin contar gastos administrativos. Esa brecha ha generado un déficit operativo de $10,2 billones solo para 2025. Con base en lo anterior y a partir de información financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) advertimos que, para 2026, se requeriría un incremento mínimo de 15,6% en la UPC para empezar a estabilizar la operación corriente del sistema.
Ahora bien, con un crecimiento de la UPC del 12,94% en promedio, 9,03% en el régimen contributivo y de 16,49% en el régimen subsidiado (para financiar la igualación de primas puras al 95%), se requieren $113,4 billones (incluyendo los demás costos como lo son los presupuestos máximos, las licencias por incapacidad general, las licencias de maternidad y paternidad, entre otros). Con una proyección conservadora de las otras fuentes de ingresos del sistema, el aporte del Presupuesto General de la Nación debería ser de $45,9 billones. Este escenario dejaría cerca de $2,5 billones para otros usos. Instamos al Ministerio de Salud a reconsiderar esta decisión y apropiar estos recursos respetando el uso aprobado por parte del Congreso de la República y la prioridad legal que tiene el aseguramiento.
Si bien la igualación de las primas entre el régimen subsidiado y el contributivo es un objetivo loable, se deben garantizar los recursos para el adecuado funcionamiento del sistema en su totalidad. ¿Cuál es el problema? Con ese nivel de incremento de 9,0% no se estaría reconociendo la totalidad de los costos de las atenciones para las personas afiliadas al régimen contributivo. En ese régimen el déficit sería cercano a los $3,7 billones. Recursos que dejarían de llegar a clínicas y hospitales, a médicos y enfermeras y, finalmente, a pacientes y usuarios para cubrir el costo de sus servicios. Apropiar la totalidad del rubro aprobado por el Congreso y ajustar el valor de la UPC del régimen contributivo a un valor más cercano al requerido permitiría dar los primeros pasos para resolver la crisis financiera del sistema de salud.
