La Contraloría General de la República ha emitido una alerta sobre el riesgo de una posible terminación anticipada del contrato de concesión para la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique. Esta situación podría acarrear graves consecuencias económicas y ambientales para la región y el país. El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra señaló que finalizar anticipadamente este contrato implicaría un pago de hasta $350.000 millones al concesionario, sin que se hayan logrado avances significativos en la restauración ambiental prevista. Hasta el momento, solo se han realizado obras menores de mejoramiento vial y algunos dragados de mantenimiento en el canal. Además, la terminación del contrato dejaría sin solución problemas ambientales que afectan a aproximadamente 1,5 millones de personas en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre. Estos problemas incluyen bajo nivel de navegabilidad, inundaciones en épocas de invierno, desabastecimiento de agua en temporadas de sequía y excesiva sedimentación La Contraloría también advirtió que nuevos requisitos, como la exigencia de una licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la implementación de un protocolo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para la recuperación de posibles víctimas en el canal y la realización de consultas previas adicionales con nuevas comunidades, podrían retrasar aún más el proyecto. Ante este panorama, el contralor instó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a gestionar adecuadamente estos riesgos para evitar la terminación anticipada del contrato y proteger los intereses públicos y ambientales de la región. La restauración del Canal del Dique es considerada un proyecto de importancia estratégica para la nación, con una inversión estimada de $3,26 billones, destinada a mejorar la calidad de vida de las comunidades afectadas y preservar ecosistemas clave en la región Caribe.

La Capitanía de Puerto de Cartagena confirmó que desde el 31 de octubre se inspeccionó un ‘bar flotante’ que opera sin permisos en la ciénaga de Portonaito, isla de Barú. Esta estructura improvisada, de 7 metros de largo por 5 de ancho, flota sobre tanques plásticos y está construida con madera y techos de zinc. Según la Dirección General Marítima (Dimar), el bar representa una ocupación indebida del espejo de agua y no cuenta con licencia de navegación ni elementos de seguridad, lo que supone riesgos para usuarios y embarcaciones cercanas.  Asimismo, Dimar ha informado a la Alcaldía de la Localidad Uno y a otras instancias locales sobre esta irregularidad, pero el establecimiento sigue operando. En ese sentido, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay afirmó: «La notificación a los propietarios ya fue emitida y el proceso para desmantelar la estructura está en marcha«. Por su parte, la comunidad denuncia desorden y contaminación en la zona, agravados por la presencia de embarcaciones con música a alto volumen. Además, preocupa el impacto ambiental y turístico de estas actividades ilegales.  El bar flotante en la ciénaga de Portonaito evidencia los riesgos de actividades comerciales ilegales en zonas ambientalmente sensibles, pues, este caso subraya la necesidad de acciones firmes por parte de las autoridades para regular el turismo y garantizar el respeto por el medio ambiente.