Las empresas de servicios públicos de Cartagena han declarado la guerra a las conexiones ilegales. Agua de Cartagena, Afinia y Surtigas, en alianza con la Policía y la Fiscalía, han puesto en marcha una campaña para frenar el fraude en el uso de agua, energía eléctrica y gas, delitos que pueden llevar a prisión a quienes los cometan. La iniciativa busca identificar, denunciar y judicializar a todas las personas que incurran en estas prácticas ilegales, las cuales están tipificadas en la ley y pueden acarrear sanciones penales severas, incluyendo cárcel. Según datos de las empresas prestadoras del servicio, en Cartagena existe un alto número de usuarios que se conectan de manera ilegal, afectando la calidad del servicio y generando pérdidas millonarias. Como parte de la estrategia las empresas han dispuesto canales de denuncia anónimos para que los ciudadanos informen sobre conexiones ilegales sin temor a represalias. Estas denuncias serán evaluadas por las autoridades y podrían derivar en procesos judiciales contra los responsables. Recordemos que el código penal colombiano contempla penas de prisión para quienes cometan fraude en los servicios públicos, considerando estas acciones como delitos contra el patrimonio económico.

El día de ayer, martes 20 de agosto, la bancada de la región Caribe y María Constanza García, ministra de Transporte, tuvieron una reunión para tratar la posible suspensión del cobro de valorización de la Vía Cartagena – Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad. Uno de los acuerdos que se establecieron en la reunión es que el 100% del recaudo será destinado a la financiación de proyectos de la región Caribe. Así mismo, el próximo mes de septiembre se publicará y actualizará un censo predial, luego de la socialización del proyecto que tendrá lugar ese mismo mes.Por su parte, a su canal institucional en la plataforma de X, el Ministerio de Transporte anunció que el recaudo sobre esta vía en marzo de 2025. Se explicó que serán exentos de pago quienes estén incapacitados para hacerlo, entre los que se incluyen los propietarios de predios de estrato 1, 2 y 3 que se encuentran en estado de extrema y moderada pobreza, según el SISBÉN y predios de Unidades Agrícolas Familiares. Durante el encuentro, que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, el senador de la República, Mauricio Gómez, se retiró de la mesa técnica de diálogo establecida entre las bancadas y el Gobierno. Durante el encuentro, el congresista le preguntó a la ministra si se mantendría en su posición de mantener las fechas establecidas en el cronograma, por lo que al recibir el sí por parte de la ministra, se declaró «impedido» de continuar en la reunión. Además, comunicó que estudiaría con su equipo la posibilidad de establecer una nueva demanda contra el Estado, por lo que considera «un golpe al bolsillo de los caribeños».