La Corte Constitucional anuló este jueves una sentencia que obligaba a la Universidad de Cartagena a devolver más de $50.000 millones a Ecopetrol, correspondientes a una estampilla que fue recaudada en el año 2006. El fallo, con ponencia del Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, pone fin a un proceso judicial que había mantenido en vilo la estabilidad financiera de la institución educativa. El litigio se originó cuando Ecopetrol solicitó el reembolso de esos recursos, alegando irregularidades en el cobro de la estampilla. Sin embargo, la Corte determinó que el caso presentaba aspectos constitucionales relevantes, entre ellos la protección del debido proceso, la defensa, la seguridad jurídica y la confianza legítima, principios fundamentales que se vieron comprometidos en el desarrollo de la disputa. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, celebró el fallo judicial, destacando la importancia de la decisión para los estudiantes de la región. “Estamos complacidos por esta sentencia ajustada a derecho, que defiende el presente y el futuro de miles de estudiantes de Cartagena, Bolívar y de todo el Caribe”, expresó. Por su parte, el rector de la Universidad de Cartagena, William Malkún, calificó la resolución como “la mejor noticia” para el claustro universitario. “Le hemos cumplido a los estudiantes con la defensa de la institución, que es un patrimonio de todos, pero sobre todo, de los jóvenes de Bolívar y de la Costa Caribe”, agregó. La sentencia de la Corte Constitucional subraya que el proceso estuvo marcado por una indebida valoración probatoria y por la posible existencia de decisiones ejecutoriadas que ya habían determinado el destino de los recursos. De esta manera, la universidad no tendrá que hacer el pago solicitado por Ecopetrol, lo que garantiza la continuidad de sus proyectos académicos y sociales sin el peso de la millonaria deuda.

Los trabajos de demolición del edificio Aquarela, en Cartagena, continúan en desmonte piso por piso con un costo de $11.128 millones. Tras el inicio de obras en 2017, cuando fue autorizada la construcción de 31 pisos y años más tarde la advertencia de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre el riesgo de quitar la categoría a la ciudad de Patrimonio Histórico; así se observa en la demolición de la torre, que inició el pasado mes de febrero, desde el mismo ángulo.   Pese a que esta decisión adoptada por la administración actual en cabeza del alcalde Dumek Turbay, dejaría de poner en vilo la categoría patrimonial; quienes tienen una inversión en este proyecto sostuvieron una reunión (la primera en siete años) marzo con el mandatario para sostener un diálogos. Lea también: Superintendencia interpuso millonaria multa a constructora de Aquarela Esta reunión fue llevada a cabo en el mes de marzo donde se conoce que acordaron otros encuentros de seguimiento a los avances del tema así como realizar acercamientos con Corvivienda y el Ministerio de Vivienda a fin de buscar posibles soluciones.