Deicy Alejandra Jiménez Ramírez aseguró que habría existido una red de entre 30 y 40 mujeres que recibían contratos estatales a cambio de encuentros privados con el expresidente. La denunciante pidió que las autoridades investiguen los hechos.
Una nueva controversia rodea al expresidente de Colombia Gustavo Petro, luego de que una mujer identificada como Deicy Alejandra Jiménez Ramírez lo señalara de presuntamente utilizar contratos con entidades del Estado para obtener favores sexuales durante su trayectoria política y su paso por la Presidencia de la República.
Las acusaciones fueron conocidas este domingo 25 de octubre de 2026 mediante una entrevista concedida a la periodista Vicky Dávila y publicada por la revista Semana. En su testimonio, Jiménez afirmó que conoció a Petro en 2019, cuando era senador, y que posteriormente habría recibido contratos públicos a cambio de acompañarlo en encuentros privados.
La mujer sostuvo que no habría sido la única involucrada y aseguró que entre 30 y 40 mujeres habrían participado en una dinámica similar. Estas afirmaciones no han sido demostradas judicialmente.
Denunciante asegura que existía una presunta red de mujeres
Durante la entrevista, Jiménez afirmó que el exmandatario habría utilizado su influencia para facilitar vinculaciones contractuales en distintas entidades públicas.
Según su versión, algunas mujeres asistían a reuniones y encuentros privados con Petro y, posteriormente, recibían oportunidades de contratación estatal.
La denunciante calificó estas situaciones como un presunto abuso de poder y sostuvo que decidió hacer públicas sus afirmaciones para solicitar una investigación.
También aseguró que durante algunos encuentros habría existido consumo de sustancias ilícitas, una acusación adicional que requiere verificación independiente.
¿En qué entidades tuvo contratos la denunciante?
De acuerdo con una revisión de registros públicos realizada por La Silla Vacía, Deicy Jiménez registró vinculaciones contractuales con diferentes instituciones del Estado.
Entre las entidades mencionadas se encuentran el Senado de la República, en 2023; la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en 2025; y el Ministerio del Interior, entre 2025 y 2026.
También aparece una declaración relacionada con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
Por su parte, Semana publicó registros de contratos con el Congreso correspondientes a 2021 y 2022.
Sin embargo, la existencia de estos contratos no demuestra que hayan sido otorgados como contraprestación por encuentros íntimos ni acredita una intervención irregular del expresidente.
Fotografías y conversaciones hacen parte de los elementos divulgados
La entrevista incluyó imágenes de conversaciones en redes sociales que Jiménez atribuye a perfiles presuntamente utilizados por Petro.
La Silla Vacía señaló que entre los nombres visibles en esos intercambios aparecen «Mihail Bukharin», «Altheais Monteluz» y «Michel Foucault».
La periodista Vicky Dávila aseguró contar con otros elementos que decidió no publicar porque, según explicó, deberían quedar en manos de las autoridades competentes.
Hasta ahora, el material divulgado públicamente no permite establecer de manera concluyente la autenticidad de las comunicaciones atribuidas al exmandatario ni demostrar los intercambios denunciados.
Presentan denuncia para que se investiguen los señalamientos
Tras conocerse las declaraciones, Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, anunció la presentación de una denuncia penal relacionada con los presuntos hechos.
La actuación fue dirigida a la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, con el propósito de que se examine si existieron irregularidades en la contratación estatal.
La controversia también plantea interrogantes sobre los mecanismos de selección de contratistas y la eventual utilización de cargos públicos para obtener beneficios personales.
Hasta el momento de los reportes consultados, no se conocía una respuesta específica de Gustavo Petro a las declaraciones de Jiménez ni una decisión judicial que confirmara sus acusaciones.
Las autoridades competentes deberán determinar si existen elementos suficientes para avanzar en las investigaciones, garantizando tanto los derechos de la denunciante como la presunción de inocencia de las personas señaladas.
