El Gobierno Nacional presentó ante la Cámara de Representantes la denominada Ley de Rescate Económico, un proyecto con el que busca modificar diferentes aspectos de la política fiscal, reducir el gasto público y generar nuevos mecanismos de ingresos para el Estado. La iniciativa fue radicada el 29 de octubre de 2026 por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y contempla medidas que podrían tener repercusiones sobre los hogares, las empresas y las finanzas públicas. Entre sus propuestas más destacadas figura la devolución del IVA a aproximadamente 19 millones de colombianos, además de ajustes tributarios y mecanismos para mejorar la eficiencia del gasto estatal.
De acuerdo con la exposición del Ministerio de Hacienda, el proyecto responde a un escenario de presión sobre las cuentas del Estado. La cartera señaló que el Gobierno recibe en promedio $29 billones mensuales, mientras sus gastos superan los $40 billones, y que el servicio de la deuda pasó de $118 billones a $155 billones anuales. Bajo ese diagnóstico, el Ejecutivo sostiene que necesita implementar cambios para evitar un deterioro mayor de las finanzas públicas. El proyecto también plantea fortalecer los controles fiscales, combatir la evasión y el contrabando y generar condiciones que permitan atraer inversión y estimular la actividad económica. Estas cifras corresponden al diagnóstico presentado por el Gobierno y deberán contrastarse con los informes fiscales oficiales.
Entre los componentes que más interés han generado se encuentra la propuesta de devolver el IVA a cerca de 19 millones de personas, además de establecer cambios en el tratamiento tributario de las compras realizadas a través de plataformas internacionales. También se contemplan medidas para reducir la carga de algunos micronegocios y promover su formalización. Según la explicación del Ejecutivo, una parte importante del ajuste fiscal se alcanzaría mediante mayor eficiencia en el gasto y reducción de costos administrativos. No obstante, las disposiciones todavía deben ser examinadas por los congresistas, quienes podrán discutir su alcance, modificar artículos y determinar qué medidas cuentan con respaldo político y viabilidad jurídica.
El proyecto inicia ahora un recorrido legislativo que será determinante para conocer cuáles de sus propuestas pueden convertirse en ley. La discusión tendrá que considerar tanto las necesidades de sostenibilidad fiscal como los posibles efectos de los cambios tributarios sobre los consumidores, las empresas y los sectores productivos. También será importante evaluar cómo se financiaría la devolución del IVA y qué mecanismos se utilizarían para identificar a los beneficiarios. La iniciativa podría convertirse en una de las principales discusiones económicas del Congreso durante la legislatura 2026-2027, debido a que plantea modificaciones que involucran directamente el gasto estatal, la tributación y la relación entre el Estado y los contribuyentes.
