El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) comenzó una nueva etapa administrativa después de que el Gobierno Nacional decidiera no prorrogar el contrato de fiducia mercantil que mantenía con Fiduprevisora desde 1990. La decisión fue anunciada el 30 de octubre de 2026 por el Ministerio de Educación y comenzó a implementarse el 1 de noviembre, fecha en la que venció el contrato que permitía a esa entidad administrar los recursos del fondo. El cambio abre un periodo de transición que tendrá una duración inicial de un año, prorrogable por otro, y que busca modificar el esquema de administración de los recursos destinados a la atención de los docentes oficiales y sus familias.
La decisión fue adoptada después de una revisión jurídica, técnica, financiera y operativa del contrato, que incluyó el análisis de sus 43 otrosíes, informes de supervisión y observaciones de diferentes entidades. El Ministerio de Educación también tuvo en cuenta los reportes relacionados con las dificultades en la prestación de los servicios de salud y las recomendaciones de los ministerios de Hacienda y Trabajo, así como de representantes de Fecode. La cartera educativa explicó que los resultados de las evaluaciones llevaron a concluir que era necesario modificar el modelo de administración del fondo y fortalecer los mecanismos de control sobre los recursos y los prestadores de servicios.
Uno de los asuntos que más inquietud genera entre los docentes es la continuidad de la atención médica durante el cambio administrativo. Frente a ese escenario, el Gobierno aseguró que la no renovación del contrato no implica la suspensión de los servicios de salud, ni de los tratamientos en curso, ni del reconocimiento de pensiones y cesantías. El Ministerio anunció que el 100 % de las oficinas del FOMAG se mantendría en funcionamiento desde el primero de noviembre y que comenzaría una revisión de los prestadores de salud para evaluar sus condiciones de calidad y disponibilidad. También informó que solicitaría auditorías y acompañamiento de los organismos de control para esclarecer el manejo de los recursos del fondo.
La transición será determinante para conocer cómo se reorganizará la administración del FOMAG y qué cambios experimentarán los maestros en el acceso a los servicios médicos y las prestaciones económicas. El Gobierno tendrá que garantizar que el nuevo esquema no genere interrupciones en la atención de millones de procedimientos y trámites relacionados con el magisterio. Por su parte, los docentes y sus organizaciones sindicales deberán hacer seguimiento a la contratación de los prestadores, la entrega de medicamentos y la oportunidad de las citas médicas. El resultado de este proceso será uno de los principales indicadores para evaluar si el cambio administrativo consigue corregir las dificultades que motivaron la decisión
