Un hecho lamentable fue reportado este 01 de enero de 2025 en Cartagena. Como Ariana Sofía Marín Ayola, 16 años, fue identificada la joven que perdió la vida en el sector Isla de Belén, luego de que su pareja, un sujeto de 18 años, le dispara al parecer en medio de una confusión. En su momento, se conoció según algunas versiones extraoficiales, que sería Cristian, el compañero sentimental de la víctima se encontraba escondido en una vivienda luego de haber tenido una discusión con una vecina donde al parecer resultó una persona herida. Tras ello habría decidido “esconderse”, y la joven por su parte fue a acompañarlo. Cuando ingresó al lugar donde se encontraba el sujeto, este, habría sido el responsable de accionar el arma al parecer porque en hechos confusos pensó que “venían por él”. Hace unos momentos, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado donde confirman que el sujeto fue enviado a la cárcel como presunto responsable. Le imputaron los delitos de homicidio agravadoy fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados y el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Samuel Pérez Herrera, vigilante con 12 años de servicio en la Unidad Nacional de Protección (UNP), se encadenó el día de ayer 9 de diciembre en las oficinas de la empresa SOS en Cartagena, denunciando haber sido despedido de manera injustificada, señalando que su desvinculación está basada en acusaciones falsas relacionadas con unas fotografías publicadas en su estado de WhatsApp. Según el vigilante, las imágenes mostraban a sus hijos manipulando armas durante un curso en una academia privada, pero la empresa argumentó que se trataban de armas pertenecientes a la dotación de la UNP bajo su cargo. «Dijeron que eran armas de la UNP, algo totalmente falso. Presenté pruebas de que eran de una academia privada, pero nadie quiere asumir la responsabilidad», explicó Pérez. El caso ha generado controversia, ya que Pérez asegura contar con fuero sindical, lo que impediría un despido sin autorización judicial, sin embargo, afirma que la empresa SOS lo mantiene sin asignación laboral y con un salario básico mientras su caso permanece en el limbo. “Esto no es solo conmigo; muchos compañeros han pasado por lo mismo. Algunos han tenido que librar largas batallas legales para ser reintegrados, pero las injusticias continúan”, comentó el vigilante, quien también denunció persecuciones laborales en la UNP durante los últimos cuatro años. En su protesta, Pérez exigió una respuesta clara por parte del director de la UNP,  y asegura que su objetivo, es ser reintegrado a su trabajo y garantizar el respeto a los derechos laborales. “La huelga la mantendré hasta que definan mi situación. No estoy pidiendo nada fuera de la ley, solo que se respeten mis derechos como trabajador”, concluyó Samuel Pérez.