Gobierno defiende alza de impuestos al alcohol y tabaco pese a rechazo de gobernadores

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Salud asegura que la medida busca reducir consumo nocivo y financiar servicios esenciales

El Gobierno colombiano defendió el aumento de impuestos al alcohol y al tabaco decretado durante el estado de emergencia económica, luego de que los gobernadores de los 32 departamentos manifestaran su rechazo y anunciaran acciones judiciales para frenar la medida, al considerar que pone en riesgo las finanzas regionales.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, los nuevos tributos establecidos mediante el Decreto Legislativo 1474 de 2025 hacen parte de una política de salud pública sustentada en evidencia científica, cuyo objetivo es reducir el consumo de productos nocivos, prevenir enfermedades y muertes evitables, y generar recursos adicionales para sectores como la salud y la educación.


Impacto esperado en consumo de alcohol y tabaco

Según la cartera de Salud, el incremento de los impuestos permitiría reducir el consumo de vino en un 20 % y el de bebidas espirituosas en un 16 %. En el caso del tabaco y los vapeadores, el Gobierno anticipa una disminución significativa del consumo, especialmente entre niños y adolescentes, identificados como uno de los grupos más vulnerables.

El Ejecutivo sostiene que estas medidas siguen recomendaciones de organismos internacionales y experiencias aplicadas en otros países para desincentivar el uso de productos perjudiciales para la salud.


La rebelión de los departamentos

La defensa oficial se produce luego de que la Federación Nacional de Departamentos (FND) anunciara que demandará el decreto de emergencia económica expedido tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso en diciembre pasado.

Los gobernadores advierten un “riesgo cierto para la sostenibilidad financiera” de las administraciones departamentales, especialmente por el aumento del impuesto al consumo y el incremento del IVA del 5 al 19 % para los licores, con excepción de la cerveza. Según las regiones, estos recursos han sido históricamente destinados a financiar salud, educación y deporte.


Respuesta del Gobierno a las críticas

Frente a estos cuestionamientos, el Ministerio de Salud afirmó que el decreto no vulnera la autonomía territorial ni afecta los recursos ordinarios de los departamentos. Según el Ejecutivo, solo los ingresos adicionales derivados del aumento de las tarifas se destinan al Presupuesto General de la Nación, un mecanismo que —asegura— ya se ha utilizado en reformas anteriores.

El Gobierno calcula que con estas medidas podrá recaudar 11,1 billones de pesos en 2026, con el fin de aliviar la situación fiscal del país, luego de que el Congreso negara una reforma tributaria con la que se buscaban 16,3 billones de pesos.


Debate jurídico y diálogo político

Mientras avanza el debate, la FND evalúa la posibilidad de aplicar una excepción de inconstitucionalidad y otras acciones legales, a la espera de un pronunciamiento definitivo de la Corte Constitucional sobre la validez del decreto de emergencia.

En paralelo, el Ministerio de Hacienda anunció que el próximo lunes se reunirá con los gobernadores para revisar la aplicación del decreto, en un intento por abrir un espacio de diálogo mientras se define el futuro jurídico de la medida.

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¿Se acaban las buenas relaciones entre entre Milei y Trump?: Trump amenaza con sanciones financieras

El problema con el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) de Milei para el acuerdo con el FMI radica en que puede ser inconstitucional, lo que genera preocupaciones sobre la seguridad jurídica en Argentina.Para entender por qué esto puede ser grave para la comunidad internacional y específicamente para EE.UU., hay que analizarlo en varios niveles:La cuestión Legal (posible inconstitucionalidad), esto porque en 2021, el Congreso argentino aprobó una ley que exige que cualquier acuerdo con el FMI debe ser aprobado por el Congreso mediante una ley específica.A su vez, Milei decidió no seguir ese procedimiento y, en su lugar, emitió un DNU para aprobar el acuerdo con el FMI sin someterlo a votación legislativa.¿Cuál es el problema? Un DNU solo es válido si hay una emergencia que impida al Congreso actuar, pero el propio Milei había dicho que quería que el Congreso lo aprobara, lo que contradice su argumento de emergencia. Si la justicia argentina declara el DNU inconstitucional, el acuerdo con el FMI podría volverse jurídicamente inválido, lo que generaría incertidumbre sobre la estabilidad financiera del país.Cuando un país como Argentina no respeta sus propias leyes y procedimientos institucionales, los inversores y gobiernos extranjeros comienzan a dudar de la seguridad jurídica del país. Esto tiene varias implicaciones:Para el FMI y EE.UU. si el acuerdo con el FMI se considera inválido en el futuro, podría haber un problema con los pagos de la deuda, afectando la credibilidad del FMI y de EE.UU., que tiene un peso importante en sus decisiones.Para los inversores, empresas y fondos internacionales que invierten en Argentina podrían ver esto como un precedente peligroso. Si el gobierno cambia reglas a su conveniencia, podría hacer lo mismo en otros sectores, lo que desincentiva inversiones extranjeras.Para la estabilidad financiera, si el acuerdo con el FMI enfrenta problemas legales, Argentina podría entrar en una nueva crisis económica que afectaría a los mercados internacionales, incluyendo a Wall Street.Sin embargo, EE.UU. tiene varios intereses estratégicos en Argentina, y esta crisis institucional podría afectarlos de diferentes maneras: •EE.UU. tiene el mayor poder de voto en el FMI. Si este acuerdo es controvertido o se declara inválido, podría generarse una crisis dentro del FMI sobre cómo manejar la deuda argentina. Si Argentina no puede pagar su deuda, EE.UU. y otros países miembros del FMI tendrán que decidir si siguen apoyando al país o si aplican sanciones financieras más duras.Empresas estadounidenses con presencia en Argentina (como Chevron, ExxonMobil, Ford, y otras) pueden ver afectada su confianza para seguir invirtiendo. Si la seguridad jurídica del país se debilita, EE.UU. podría considerar restricciones comerciales o advertencias a inversores sobre los riesgos de operar en Argentina.Argentina es un actor clave en América Latina. Si su economía colapsa por un problema institucional, podría generar tensiones sociales, aumentando la inestabilidad en la región, algo que EE.UU. busca evitar. También podría empujar a Argentina a buscar apoyo financiero en otros países como China o Rusia, lo que no le conviene a EE.UU. en el contexto de la rivalidad global.

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