La representante a la Cámara, Cathy Juvinao, que recientemente estuvo en el ojo de la polémica tras ser vista vapeando en medio de la sesión plenaria del Congreso en la que se discutía la reforma a la salud, se manifestó a través de su cuenta de X sobre la polémica acción. «Me disculpo con la ciudadanía por lo que pasó ayer en plenaria, no me sumaré al mal ejemplo que por estos días embriaga el discurso público y no se repetirá. Tengan la certeza de que hoy seguiré dando la batalla desde la Cámara con los argumentos y la rigurosidad de siempre.», explicó en un primer momento la representante por el partido Alianza Verde. A pesar de las disculpas expuestas por la congresista, algunos usuarios le siguen recordando que, tras hacer uso del vaper en la sesión plenaria de este pasado martes, violo la Ley 2354 del 2024, que prohíbe el uso de productos electrónicos de vapeo en espacios cerrados.

Colombia podría enfrentar una crisis energética debido a los bloqueos anunciados por la comunidad de Barú y Ararca contra la Sociedad Portuaria El Cayao, que produce cerca del 40% del gas del país. La disputa surge tras un fallo de la Fiscalía 17 Seccional de Cartagena, que ordenó la restitución del predio donde opera la gasificadora a la comunidad de Barú. Según el proceso penal 255.819 de 2018, la compraventa del terreno se realizó con documentos falsificados, por lo que la Sociedad Portuaria El Cayao S.A.E.S.P. y la Helm Fiduciaria Itaú no tienen derechos sobre el predio “El Cayao”. El 28 de octubre de 2024, la Fiscalía ratificó la restitución del terreno a los nativos de Barú, pero la empresa no ha devuelto el predio, lo que ha generado tensión en la zona. Ante el incumplimiento del fallo, la comunidad ha anunciado bloqueos a la portuaria, lo que podría afectar la distribución de gas en todo el país. Los abogados de la comunidad, Yordano Beleño Pitalúa y Óscar Fidel Prada Ferrer, han denunciado un posible tráfico de influencias en el caso. Acusan a Francisco Sintura Varela, abogado de la Sociedad Portuaria y exvicefiscal general, de intervenir en el proceso. Además, señalan que el expediente fue trasladado a Bogotá el 3 de marzo de 2025 sin previo aviso a las víctimas ni a la Dirección Seccional de Fiscalías. Ante esto, la comunidad de Barú mantiene su exigencia de restitución y prepara medidas de presión. Si los bloqueos se concretan, Colombia podría enfrentar serios problemas en el suministro de gas.