Milagros tiene solo 3 años y nació con parálisis cerebral. A su corta edad, ya ha enfrentado una de las formas más silenciosas de exclusión en Colombia: no tener su certificado de discapacidad (RLCPD). Su familia (mamá y hermanito), sin recursos ni guía, ha quedado atrapada en una maraña de trámites, requisitos y esperas interminables. Hoy, por fuera de cualquier subsidio o programa. Mientras tanto, Milagros y su mamá, cuidadora, siguen sin acceso a los apoyos que necesita o, por lo menos, la oportunidad de ser priorizadas. Sin transporte especial, sin prioridad en salud, sin vivienda digna. Sin derechos. Como ella, miles de niños y niñas en el país enfrentan barreras desde el nacimiento. No porque su condición lo imponga, sino porque el Estado decide mirar a otro lado o simplemente atrapados en la tramitología. Clara e Isaac de Jesús conocen bien ese camino. Ellos, a pesar de su evidente discapacidad llamada acondroplasia, luego de una espera de varios años, finalmente lograron obtener sus certificados, pero solo después de muchos años de lucha. Una lucha que jamás debió existir. Porque cuando una discapacidad es evidente desde el nacimiento, el Estado no debería obligar a nadie a mendigar un papel para existir en el sistema. ¿Por qué no facultar a los hospitales en el caso de las discapacidades notorias , o quizás nuevamente a las EPS, que hacen menos oneroso y dispendioso el trámite? Hablo desde la indignación, pero también desde la experiencia. Cuando fui director de cobertura educativa de la Secretaría de Educación de Cartagena, creamos el programa Escuela Inclusiva, reconocido hoy a nivel nacional. Desde entonces, he visto cómo el Estado gira recursos para apoyar a los estudiantes con discapacidad, pero solo si están marcados en el sistema, y tener el certificado es la forma de poder hacerlo, salvo excepciones que se hacen para no violentar aún más sus derechos. Pues si no lo tienen, no existen. No hay apoyos o priorización, no hay recursos, no hay inclusión. Así de cruel es. Durante años, la normativa ha cambiado, prometiendo mejorar. Pasamos por la Resolución 583 de 2018, la 113 de 2020, la 1239 de 2022 y ahora la 1197 de 2024. Pero la realidad sigue siendo la misma: un subregistro inaceptable y en aumento, y una centralización del procedimiento que lo vuelve inaccesible para los más vulnerables. Hoy, si una familia no tiene recursos para ir periódicamente a los entes territoriales a suplicar que se destinen los recursos para contratar las valoraciones, simplemente queda por fuera. Hasta que San Juan agache el dedo, como decía mi mamá Betty. En Cartagena, de acuerdo con el nuevo RLCPD implementado con la resolución 1197 de 2024, se han certificado 5000 personas aprox. Sin embargo, si se compara con las 17.085 que se autorreconocen con discapacidad, esto indica que más de 12.000 personas en el distrito siguen sin el certificado. Esto representa apenas un 28,9 % de cobertura, sin contar que se estiman más de 40 mil con esta condición. Y esto no tiene sentido. Cualquier entidad que cuente con el personal idóneo para valorar debería poder generar un certificado de discapacidad. No hay razón técnica ni humana para limitar este derecho a unos pocos centros y a los pocos recursos con los que cuentan las alcaldías y/gobernaciones, en especial los de 5ta y 6ta categoría, aunque no se escapan los de 1era y categoría especial como Cartagena, mientras miles esperan en silencio. Se presume que el subregistro supera el 400 %. Por eso propongo la Ley Milagros. Una reforma normativa que permita que discapacidades evidentes desde el nacimiento —como el síndrome de Down, la ceguera, la sordera o la parálisis cerebral— sean certificadas de forma inmediata por el mismo personal médico que atiende el parto o por cualquier entidad de salud habilitada, sin procesos engorrosos. Es una medida simple, pero con un impacto profundo. Porque la discapacidad no es una percepción. Es una condición humana. Y el Estado tiene la obligación de facilitar el camino, no de llenarlo de obstáculos. Colombia no necesita promesas vacías. Necesita voluntad política para hacer pequeños cambios que transformen vidas. Necesitamos leyes que reconozcan, no que revictimicen. Necesitamos justicia para quienes viven con discapacidad y también para quienes los cuidan: madres, padres, esposos, hermanos. Porque cuando el sistema no los apoya, no solo abandona al individuo… abandona a toda una familia. Es hora de actuar. Es hora de que la ley escuche. Así comienza el verdadero cambio. Columna de opinión por Iván Sanes. * Esta columna no representa conceptos, posturas, ni opiniones del periódico.

El primer aspecto fundamental es comprender por qué migran las personas, lo que implica analizar tanto las causas de la migración como a sus responsables, es decir, aquellos que generan las condiciones que obligan a las personas a emigrar. El segundo aspecto es reconocer los derechos universales que todas las personas poseen por el simple hecho de serlo, los cuales no dependen de su nacionalidad ni de su estatus migratorio. En este sentido, es crucial enfatizar que una persona puede encontrarse en un país sin la documentación adecuada, pero eso no la convierte en ilegal como ser humano. Lamentablemente, sigue siendo necesario recordar que los derechos humanos son inherentes a todas las personas, sin importar su situación migratoria. Sobre este último aspecto lo primero a mencionar es que acuñar el término «ilegal» a una persona por su estatus migratorio es un error jurídico, lingüístico y ético, ya que implica una estigmatización y criminalización indebida. La ilegalidad se aplica a los actos, no a la existencia humana.  La Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 1) establece que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos», lo que significa que ninguna persona debe ser criminalizada por su condición de migrante. En la mayoría de los casos, la falta de documentos migratorios constituye una infracción administrativa y no un delito, como lo reconoce el Comité de Derechos de los Trabajadores Migratorios de la ONU, que enfatiza que la migración irregular no debe castigarse con sanciones penales. Además, etiquetar a las personas inmigrantes indocumentadas como «ilegales» refuerza discursos discriminatorios y deshumaniza a quienes buscan mejores oportunidades o huyen de condiciones adversas. Naciones Unidas y ACNUR han enfatizado que la migración irregular debe abordarse desde sus causas estructurales, como la desigualdad, los conflictos y la crisis climática, en lugar de ser criminalizada. Por lo tanto, es fundamental utilizar un lenguaje preciso y respetuoso que no contribuya a la xenofobia ni a la negación de derechos fundamentales. La migración es un fenómeno histórico y una consecuencia de factores globales que deben tratarse con un enfoque basado en derechos humanos. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990, Artículo 8) establece que «los trabajadores migratorios y sus familiares no serán considerados infractores penales únicamente por el hecho de no cumplir con los requisitos de ingreso o residencia en un país», reafirmando el principio de no criminalización. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 12.2) reconoce que «toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio», lo que confirma la migración como un derecho fundamental.  Los Estados tienen la responsabilidad de garantizar condiciones dignas para las personas migrantes, incluyendo acceso a salud, educación y protección contra la explotación y la discriminación, en cumplimiento con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que prohíbe la expulsión de personas hacia territorios donde su vida o libertad corran peligro.Debemos reconocer que emigrar es un derecho humano, y los países deben asumir su deber de acogida, asegurando que las fronteras sean espacios de protección y oportunidad, en lugar de barreras para la dignidad humana. Otro aspecto fundamental es analizar las causas de la migración y sus responsables. La migración masiva del Sur Global hacia el Norte Global no es un fenómeno espontáneo, sino la consecuencia directa de siglos de colonialismo, intervención política y explotación económica impuesta por las potencias occidentales.  A través del saqueo de recursos naturales, la imposición de modelos económicos neoliberales, el derrocamiento de gobiernos y el respaldo a dictaduras alineadas con sus intereses, los países ricos han debilitado la soberanía y el desarrollo de las naciones del Sur, generando pobreza estructural, violencia y falta de oportunidades. Además, organismos como el FMI y el Banco Mundial han obligado a estos países a adoptar políticas de austeridad, privatización y dependencia económica, destruyendo la producción local, precarizando el empleo y agravando la desigualdad. A esto se suma la crisis climática, provocada en su mayoría por las grandes economías industriales del Norte, cuyas consecuencias (desplazamientos forzados por sequías, huracanes y pérdida de tierras fértiles) afectan desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables del Sur. A pesar de haber creado las condiciones que obligan a millones a migrar, el Norte Global responde con fronteras militarizadas, leyes migratorias restrictivas y la criminalización de quienes buscan mejores oportunidades. Mientras exigen mano de obra barata y explotan a los migrantes en condiciones precarias, sus gobiernos refuerzan discursos xenófobos y políticas de deportación masiva. La verdadera solución a la crisis migratoria no radica en cerrar fronteras, sino en reconocer la responsabilidad histórica de las potencias de Occidente, permitir la autodeterminación de los pueblos del Sur y garantizar condiciones dignas para que sus habitantes no se vean forzados a huir. Entonces en lugar de criminalizar la migración, el Norte debería detener su intervencionismo, poner fin a la explotación de estos países y asumir su deuda histórica.