Colombia es un país que se caracteriza por ser diverso en todos los ámbitos: climático, étnico, cultural, biológico, geográfico y por ende, lingüístico.  La diversidad lingüística de Colombia es resultado de sus lenguas ancestrales, muchas de las cuales ya han desaparecido, las lenguas criollas, que surgieron como resultado de influencias extranjeras, la lengua romanés o gitana, la lengua de señas colombiana, y por supuesto, el español de Colombia que conforman el conjunto de los idiomas de Colombia. En Colombia se hablan 70 lenguas: el castellano y 69 lenguas maternas. Entre ellas, 65 son lenguas indígenas, 2 lenguas criollas Palenquero de San Basilio y Creole de las islas de San Andrés  y Providencia,  la Romaní o Romaníes del pueblo Room-Gitano y la lengua de señas colombiana. Entre las lenguas indígenas destaca: achagua, andoque, awapit, bará, barasano, barí ara, bora, cabiyari, carapana, carijona, cocama, cofán, cuiba, curripaco, damana, desano, embera, ette naka, hitnu, guayabero, ika, inga, kakua, kamsá, kichwa, kogui, koreguaje, etc. Para los pueblos indígenas y sus más de 400 mil hablantes, la lengua materna es más que un instrumento para la comunicación; la lengua estructura el pensamiento, crea vínculos, articula relaciones sociales y con el cosmos, trasmite la esencia, tradición y sabiduría de generación en generación. Muchas lenguas nativas están en peligro de extinción como sus pueblos, según estudio de la Universidad de los Andes y el Centro Colombiano de Estudios de la Lengua Aborígenes, como es el caso de la achagua, que cuenta con 796 hablantes y la guayabero con 617 hablantes. Esta situación de riesgo es debido a su reducido número de hablantes en la zona geográfica de sus asentamientos, la tendencia al abandono de mecanismos propios para su transmisión a las nuevas generaciones, la exclusión social sobre estos pueblos, la violencia en los territorios, la falta de reconocimiento y visibilización por parte del Estado sobre la importancia de estas lenguas en la nación.

Los delitos traspasan fronteras. Robos, tráfico de drogas, corrupción u homicidios son algunos de los casos que tienen que hacer frente los abogados para extradición y que estos son encuentren refugios en el país que se comete. Un ejemplo de ello es España y Colombia, que firmaron su tratado de extradición el 28 de octubre de 1892 y complementado por la Convención sobre Extradición firmada en Montevideo en 1933, continúa plenamente vigente y operativo a día de hoy. Según datos del Ministerio de Justicia de Colombia, entre 2018 y 2023 se realizaron más de 40 solicitudes de extradición entre ambos países, demostrando que con la cooperación de buenos profesionales se puede combatir la impunidad y garantizan que los responsables de los delitos se enfrenten a la justicia. Un acuerdo bilateral que sigue en plena vigencia El tratado de extradición entre Colombia y España lleva vigente siglos demostrando su eficacia gracias a los lazos históricos, culturales y jurídicos que unen a ambos países. Durante esos años, han mantenido una estrecha colaboración para detener a personas que han cometido delitos transnacionales como el narcotráfico, el blanqueo de capitales o el crimen organizado. Casi 2.500 personas han sido extraditadas en Colombia, siendo algunos casos procedentes de España, principalmente por delitos relacionados con el tráfico de drogas. ¿Cuándo puede Colombia solicitar o conceder una extradición a España? Diferencia entre extradición activa y pasiva La diferencia entre extradición activa o pasiva radica en el país donde se haya cometido el delito. Si la persona realiza el delito en Colombia, solicita a España la entrega de una persona para que se juzgue y cumpla condena. Esto sería una extradición activa. Pero, si Colombia recibe una solicitud de España para entregar a una persona que se encuentra en su territorio, sería una extradición pasiva. Perfil de los delitos más comunes por los que se solicita extradición Los delitos que con mayor frecuencia motivan solicitudes de extradición entre Colombia y España incluyen: ·         Tráfico de estupefacientes ·         Lavado de activos ·         Asociación para delinquir ·         Trata de personas ·         Corrupción Según la Fiscalía General de la Nación de Colombia, el 70% de las solicitudes de extradición hacia España tienen relación con narcotráfico, mientras que un 15% se vinculan a blanqueo de capitales. Casos en los que Colombia concede la extradición hacia España Colombia concede la extradición siempre que se cumplan los requisitos legales y el delito no se encuentre excluido por razones constitucionales o de derechos humanos. ¿Qué requisitos exige el tratado? Pero, ¿qué requisitos se deben cumplir para que se acepte o uno un caso de extradición entre ambos países? Documentación obligatoria y principios legales Abogados, como Pellicer & Heredia, deben remitir una solicitud formar con toda la documentación judicial que sustente al caso, como la resolución judicial firme, la imputación o la sentencia condenatoria. Ambos países se rigen por el principio de doble incriminación: el hecho debe constituir delito tanto en Colombia como en España. Delitos excluidos Colombia no concede la extradición en los siguientes casos: ·         Delitos políticos (salvo terrorismo) ·         Delitos militares o de opinión ·         Si la persona es nacional colombiana y no ha renunciado a su nacionalidad (aunque esto ha sido flexibilizado en algunos casos) ·         Si existe riesgo de pena de muerte o cadena perpetua ·         Si se puede producir trato cruel, inhumano o degradante El procedimiento desde Colombia Estos serían los pasos que tendría que ser Colombia para un caso de extradición: Participación del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Corte Suprema de Justicia La solicitud de extradición llega al Ministerio de Relaciones Exteriores, que la remite a la Corte Suprema de Justicia. Esta revisa la legalidad de la petición y emite un concepto, que si es desfavorable, obliga a rechazar la solicitud. Audiencia de legalidad y derechos del extraditable El solicitado tiene derecho a una audiencia en la que puede estar representado por abogado defensor. Se garantiza el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el acceso a recursos judiciales. Decisión final del presidente de la República El Presidente puede conceder o denegar la extradición. Aunque no está obligado a justificar su decisión, debe respetar los tratados y derechos fundamentales. El procedimiento desde España En el caso de España, estos son los pasos que se deberían seguir: Participación del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Fiscalía General del Estado Cuando Colombia solicita una extradición, el Ministerio de Asuntos Exteriores canaliza la petición y la remite al Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, que analiza su legalidad y viabilidad. Revisión judicial por la Audiencia Nacional Será la Audiencia Nacional quien realice un control judicial completo del caso, ya que es la autoridad encargada de resolver extradiciones en España. Decisión final del Consejo de Ministros Con el visto bueno de la Audiencia Nacional, el Consejo de Ministros toma la decisión final, que puede ser impugnada ante el Tribunal Supremo por vía contencioso-administrativa. Garantías y derechos para la persona reclamada ·         Toda persona tiene derecho a un abogado e intérprete de ser necesario. ·         Se deben abstener extradiciones si existe motivos fundados para creer que la persona será sometida a tortura. ·         Colombia puede solicitar garantías a España de que no se impondrá una pena desproporcionada o que no se ejecutará una condena que viole los derechos fundamentales Casos recientes de extradición entre Colombia y España Entre los casos recientes destaca la extradición en 2023 de un ciudadano colombiano desde España, acusado de liderar una red de narcotráfico vinculada al Clan del Golfo. Asimismo, en 2022, Colombia extraditó a España a un empresario investigado por blanqueo de capitales con ramificaciones en el sector inmobiliario de la Costa del Sol. ¿Es necesario un abogado penalista

Si bien es cierto, a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, en Colombia nos rige un Estado Social y Democrático de Derechos teniendo como carta de navegación la protección a los derechos humanos y fundamentales, al igual que el respeto por la dignidad humana de sus miembros. Entre dichos derechos se encuentra el de conformar una familia, derecho que goza de especial protección por parte del Estado.  Ahora bien, al analizar la carta magna nos el constituyente dejó en claro la postura de como se establece un vínculo de la familia, esto es, el reconocimiento solo del hombre y la mujer, unidos por el matrimonio, tal como lo reza el artículo 42 de la referida carta: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia”.  En dicho artículo, claramente se puede observar la línea tradicional, desconociendo el grado de avance y evolución del contexto de la familia en Colombia, tema discutido por la Corte Constitucional mediante las sentencias C-577 de 2011, T-316, 2017, C-258, 2015, C-085, 2019 entre otras.  El Estado Colombiano, en aras de fortalecer las garantías legales y constitucionales de sus individuos y procurar brindar seguridad en cuanto al alcance bajo el concepto de familia e hijos cobijados bajo los parámetros del término “crianza”, el pasado 26 de julio de 2024, a través del Congreso de la República, seexpidió la ley 2388 de 2024, norma que tiene por objeto “definir la familia de crianza, establecer su naturaleza, determinar sus medios probatorios y reconocer derechos y obligaciones entre sus miembros”.  Esta nueva Ley redefine el concepto de familia al incluir aquellas relaciones de afecto y cuidado que se forman fuera del vínculo biológico, otorgando a los hijos de crianza los mismos derechos que a los hijos biológicos.  Entre los derechos reconocidos, se incluyen aspectos fundamentales como herencias, beneficios laborales, en materia de seguridad social en salud, pensión y subsidio familiar, y derechos relacionados con el régimen de visitas.  Se establecieron mecanismos para que dichos derechos puedan ser legalmente reconocidos a travésde procesos notariales o judiciales, donde teniendo en cuenta los presupuestos facticos y probatorios se logre demostrar la existencia de una convivencia estable y prolongada.  Es importante establecer, que la referida ley modificó el numeral 10 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social en Colombia, en la cual el empleador deberá reconocer la licencia de luto por cinco (5) días hábiles para la familia de crianza, particularmente para el hijo, padre y madre de crianza. Por lo anterior, el empleador deberá exigir la presentación de la sentencia o Escritura Pública de reconocimiento de hijo, padre o madre de crianza.  Por otra parte, modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en el cual se estableció que los siguientesmiembros de la familia de crianza serán beneficiaros de la pensión de sobrevivientes: • Hijos de crianza menores de 18 años. • Hijos de crianza mayores de 18 en situación de discapacidad. • Hijos de crianza, mayores de 18 años y hasta los 25 años que por razón de sus estudios dependían económicamente del causante al momento de su muerte. • A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos, serán beneficiarios los padres de crianza del causante si dependían económicamente de éste al momento de su muerte, siempre y cuando se haya reconocido al padre de crianza dentro del núcleo familiar y a través del proceso de jurisdicción voluntaria. Los anteriores literales deberán acreditar que: i) la persona fallecida reemplazó en términos afectivos y económicos a la familia de origen, ii) que el hijo de crianza se reconoció como tal dentro de su núcleo familiar y iii) que los lazos de crianza son permanentes. Es importante dejar en claro que la presente leytambién contribuye a la normalización de la adopción y el acogimiento familiar, proporcionando una alternativa legalmente reconocida y respetuosa de los derechos del menor. Esto no solo beneficia a los menores, sino que también fomenta un cambio cultural en la percepción sobre las familias no tradicionales, representando un avance significativo en las dinámicas familiares en Colombia. La expedición e implementación de la Ley 2388 de 2024 no solo tiene una repercusión jurídica, sino que promueve un cambio social profundo que favorece la inclusión y el bienestar de los menores en el país. Autores: Andrés David Marín Pacheco y Víctor Elías Guevara Flórez. Texto suministrado por los autores. El medio no se hace responsable de conceptos, posturas ni opiniones.