Desde noviembre de 2023, los colombianos pagan el llamado impuesto “saludable”, aplicado a algunas bebidas y productos incluidos en la lista del mercado. Tres años después de su entrada en vigencia, la medida vuelve al centro de la discusión por la falta de una evaluación oficial que permita establecer sus resultados y por las voces que plantean revisar su continuidad.
De acuerdo con la DIAN, este impuesto recaudó $3,32 billones en 2025. Los recursos obtenidos ingresan al presupuesto general de la Nación y no cuentan con una destinación específica para programas de salud. A esto se suma que Colombia no tiene una nueva encuesta nutricional oficial desde 2015, lo que mantiene abierto el debate sobre la medición de sus efectos.
En las tiendas de barrio, el impacto del cobro se refleja en las decisiones de compra de los consumidores. Según Fenalco, el 67 % de las tiendas consultadas asegura que el impuesto afectó sus ventas, una situación que tenderos relacionan con cambios en el comportamiento de los clientes y el valor final de algunos productos que hacen parte del mercado cotidiano.
Mientras en el Congreso avanzan proyectos que buscan discutir la continuidad de este impuesto, la conversación permanece entre quienes defienden la medida como una herramienta de política pública y quienes cuestionan sus resultados. Tres años después de su implementación, el debate continúa alrededor de una pregunta: ¿qué cambios ha generado realmente en la vida diaria de los colombianos?
