En los últimos días se ha hablado acerca de los avances en las obras del megaproyecto Protección Costera en #Cartagena. El Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd), indicó que los trabajos van a paso lento por temas administrativos. Uno de esos tramites es de prorrogar el convenio marco para continuar con el proyecto, así como en las acciones necesarias para prorrogar los contratos derivados de obra e interventoría que forman parte del convenio. “La ampliación del convenio marco entre la Ungrd y el Distrito, fue solicitada desde principio de este año, sabiendo que los tiempos no eran suficientes para terminar las obras faltantes, es decir, playa 3, 2 y 1, en el marco de la Fase 1 Componente 1″, indicó el Departamento Administrativo de Valorización Distrital (DAVD). Además, señalaron como falso que el Distrito tenga responsabilidades en las demoras de los procesos administrativos internos de la Ungrd. La Secretaría General del Distrito anunció que estuvieron a disposición de la Ungrd desde hace tiempo, y solo en esta semana fue que lograron firmar el contrato, el cual permitirá la prórroga por 24 meses y la destinación de $9100 millones asumidos por el Distrito de Cartagena. 

La Asamblea Departamental de Bolívar invita a la ciudadanía a participar en la Primera Audiencia Pública con Alcaldes y operadores de los acueductos de los municipios. El objetivo es debatir la viabilidad, operabilidad y control del servicio de agua potable en la región. La audiencia contará con la presencia de la Gobernación de Bolívar, la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Contraloría Departamental y la Procuraduría Regional. La audiencia se llevará a cabo hoy, lunes 28 de abril de 2025 a las 9:00 am en el Edificio Torre de Puerto Manga, Piso 23. Se invita a todos los ciudadanos interesados en el mejoramiento del servicio de agua potable en Bolívar a participar en esta importante audiencia. La participación ciudadana es fundamental para garantizar que las decisiones tomadas reflejen las necesidades y prioridades de la comunidad. La audiencia será un espacio para debatir y encontrar soluciones para mejorar la prestación del servicio de agua potable en las cabeceras municipales y áreas rurales de Bolívar.

Después de más de seis años de litigio, la Fiscalía Seccional 17 de Cartagena ordenó la restitución del terreno conocido como El Cayao a los nativos de la isla de Barú, luego de comprobarse irregularidades en el proceso de compraventa que permitió su transferencia. La denuncia fue presentada el 18 de agosto de 2018 ante la Fiscalía Seccional de Cartagena, señalando a Carlos Schrader Fajardo e Ignacio Morales como responsables de fraude procesal, falsedad material e ideológica en documento privado, uso de documento público falso, entre otros delitos. Según la investigación, los acusados obtuvieron la transferencia del dominio del terreno mediante un documento de compraventa sin los requisitos legales y un acta de audiencia de ratificación de firma suscrita con firmas falsas ante un juez civil. El predio en cuestión es donde actualmente opera la Sociedad Portuaria El Cayao, una gasificadora clave para la producción de gas en Colombia. En un intento por cerrar el caso, fiscales de la época buscaron su prescripción, pero tras un recurso de apelación, el expediente fue devuelto a la Fiscalía 17 para continuar con el proceso de restablecimiento del derecho. Fue en 2024 cuando se practicaron pruebas grafotécnicas y documentológicas a la promesa de compraventa y al acta de audiencia, determinando que no existía correspondencia entre las firmas registradas. En el mismo año, la Fiscalía vinculó a la Sociedad Portuaria El Cayao y a la Fiduciaria Itaú, esta última como titular de los derechos de dominio, pero ninguna pudo hacerse parte en el proceso debido a que presentaron poderes sin los requisitos legales. Finalmente, el 28 y 29 de octubre de 2024, la Fiscalía emitió una providencia ejecutoriada ordenando la entrega del terreno a los nativos de Barú, reconociéndolos como sus legítimos propietarios. Con esta decisión, se pone fin a un largo proceso judicial y se reivindican los derechos de la comunidad sobre su territorio.