Esta es la orquesta cartagenera que nació como una banda de guerra en el colegio Inem

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Los Inéditos de Colombia, una icónica agrupación de música salsa, tiene su origen en Cartagena, Colombia, y su historia comienza de manera singular. Fundada por el empresario y profesor de música Eugenio Giraldo en 1971, esta orquesta nació inicialmente como una banda de guerra con un sonido característico a papayera. Giraldo, quien impartía clases en el Colegio Inem, reunió a un grupo de estudiantes, la mayoría menores de 13 años, a quienes enseñó los fundamentos musicales y los llevó a tocar en diversas presentaciones.

A lo largo de los años, Los Inéditos se transformaron en un estandarte musical no solo de Cartagena, sino de toda Colombia. La visión de Giraldo fue fundamental para encontrar un sonido distintivo que marcara la diferencia en la escena musical, consolidando así el legado de la agrupación.

Uno de los integrantes más destacados fue Ramiro Torres Zapata, conocido en el escenario como «Ramy Torres». Su carisma y destreza en la interpretación de la música afrocaribeña y la salsa lo convirtieron en un símbolo de la época, atrayendo la atención del público y de la crítica.

En sus inicios, Los Inéditos se destacaron por su capacidad de interpretar con pasión los éxitos de grupos prominentes como El Gran Combo de Puerto Rico, Los Titanes y Grupo Niche. Sin embargo, bajo la dirección de Giraldo, la agrupación buscó una identidad propia que fusionara su formación original con influencias de salsa, lo que les permitió crear un estilo único.

La energía juvenil, la creatividad y las coreografías innovadoras fueron elementos que cautivaron al público. Eugenio Giraldo, además de ser el director, desempeñó múltiples roles como manager, asesor de imagen, organizador de espectáculos y compositor, contribuyendo significativamente al crecimiento y la visibilidad de Los Inéditos en la industria musical.

La muerte trágica de Giraldo en un accidente automovilístico en 1996 dejó un vacío significativo en la agrupación. A pesar de esta pérdida, Los Inéditos continuaron su trayectoria, demostrando una notable resiliencia y manteniendo vivo su legado musical.

Éxitos como «Arroz», «La palenquera», «Camarón», «La rumba», «El calvo», «Sonrisas» y «Los gozones» se convirtieron en himnos que resonaron en el corazón de los colombianos y más allá. A pesar de los cambios en el panorama musical, su capacidad para conectar con el público ha perdurado a lo largo del tiempo.

A través de su historia, Los Inéditos han dejado una huella en la música salsa y en la memoria colectiva de Cartagena. Su energía, pasión y dedicación se han convertido en un legado que sigue siendo admirado y recordado por las nuevas generaciones, reafirmando su lugar en la historia musical de Colombia.

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La placa de la discordia: motivos para su remoción en Cartagena

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Avances en la Industria: Los Compresores Tornillo y su Impacto en la Sostenibilidad Ambiental

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Secretario del Interior descarta militarizar a Cartagena a pesar de las cifras de inseguridad

En medio de un incremento en los índices de criminalidad en Cartagena, el secretario del interior del departamento de Bolívar, Javier Doria, abordó en una reciente entrevista con el Noticiero Popular de La Cariñosa la inquietud ciudadana sobre la posible militarización de la ciudad. Doria enfatizó que la función del ejército y la policía es distinta y complementaria, pero no intercambiable. El secretario explicó que la Policía está encargada de la vigilancia, protección y prevención del delito, mientras que las fuerzas militares se dedican a salvaguardar la soberanía nacional. En este sentido, Doria subrayó que actualmente no existe ninguna ciudad en Colombia bajo un estado de militarización, ya que la responsabilidad primaria en el mantenimiento del orden recae en la Policía. A pesar de la situación crítica de seguridad, Doria propuso fortalecer las capacidades de investigación e inteligencia de la Policía Metropolitana de Cartagena, sugiriendo que el apoyo del ejército y la armada debe ser excepcional y no habitual. «La policía no puede estar en todas partes, pero eso no justifica una sustitución permanente por parte de las fuerzas militares», afirmó.

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“No utilizamos la vía y aún así nos ponen una carga económica» presidentes de la JAC se oponen a cobro de valorización

La reciente implementación del cobro de valorización por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías), a través de la Resolución 3856 de 2024, ha generado una fuerte controversia en las ciudades de Cartagena y Barranquilla. Este cobro, que busca recaudar 2,39 billones de pesos para financiar el proyecto vial «Circunvalar de la Prosperidad», impactará a más de 66.000 predios en la región, incluyendo sectores de alto valor en Cartagena como Bocagrande, Castillogrande, El Laguito y Manga. Uno de los principales líderes en manifestar su rechazo ha sido Andrés Rico, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Bocagrande, quien destacó el impacto negativo que este cobro tendrá sobre los propietarios de inmuebles. “Desde la Junta de Acción Comunal de Bocagrande, hemos estado atentos a este cobro de valorización, que inicialmente proyectaba una recaudación de $724.544 millones de pesos, pero que ahora se ha disparado a 2,39 billones. Esto no solo afectará económicamente a miles de propietarios, sino que también disminuye la capacidad de pago para futuras contribuciones locales de valorización, restringiendo el desarrollo de la ciudad y afectando el principio de descentralización”, afirmó Rico. Rico también señaló la incertidumbre sobre el destino de los recursos recaudados, comentando que “desde el Ministerio de Transporte se ha mencionado que el dinero no se invertirá directamente en Cartagena o en la zona de influencia definida por la resolución. Esto genera una gran preocupación en las comunidades afectadas, ya que no hay garantías jurídicas de que los recursos se utilicen en beneficio directo de quienes están obligados a contribuir”. Por su parte, Federico de la Rosa, presidente de la JAC de Manga, mostró una postura igualmente crítica frente al cobro. “El impacto de esta contribución será muy negativo para muchos propietarios de Manga, un barrio que no se beneficia directamente de la Vía del Mar. Además, este cobro llega en un momento en el que los residentes ya enfrentan una actualización catastral desbordada, con incrementos de hasta el 200% en el impuesto predial. Ahora nos imponen esta nueva contribución, lo que es inaceptable”, subrayó. De la Rosa también mencionó que las juntas de acción comunal de varios barrios de la ciudad, agrupados en la UCG1, apoyarán las demandas interpuestas por el Consejo Gremial de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena para frenar el cobro. Jesús Puello, presidente de la JAC de Castillogrande, fue aún más contundente en su rechazo al cobro de valorización, calificándolo de “caprichoso e ilegal”. Según Puello, el área de influencia definida para el cobro no tiene justificación técnica clara, ya que Castillogrande no se encuentra dentro de los 5 kilómetros desde el eje de la vía, lo que tradicionalmente se considera como zona de influencia para este tipo de contribuciones. “Nos quieren imponer un doble cobro. Cuando se construyó el tramo correspondiente a Bolívar en la vía Cartagena-Barranquilla, ya se realizó un cobro de valorización. Ahora pretenden hacerlo de nuevo, lo cual es arbitrario e injustificado”, señaló Puello. Además, Puello advirtió que el verdadero motivo del cobro parece estar relacionado con el valor de los inmuebles en barrios como Bocagrande, Castillogrande y El Laguito. “Nos están imponiendo este cobro porque nuestros barrios tienen propiedades de alto valor catastral. Es evidente que buscan recaudar el mayor monto posible, sin tener en cuenta que muchos de estos propietarios no se benefician en lo más mínimo de la obra”, agregó. En este contexto, las JAC de varios barrios de Cartagena y Barranquilla, junto con los gremios empresariales de la región, han interpuesto demandas de nulidad ante el Consejo de Estado, buscando detener la aplicación de la Resolución 3856. El Consejo Gremial de Bolívar y el Intergremial del Atlántico han liderado estas acciones legales, argumentando que el cobro no solo es inconstitucional, sino que también representa una carga desproporcionada para los propietarios de predios en las zonas afectadas. Mientras tanto, las comunidades afectadas han anunciado protestas y plantones en rechazo a lo que consideran un cobro injusto y mal fundamentado. “No nos vamos a quedar callados. Seguiremos luchando contra esta medida a nivel jurídico, político y social hasta que se haga justicia”, concluyó De la Rosa.

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