«El gobierno no puede combatir la corrupción porque la corrupción es el gobierno”.

Por Álvaro Morales de León

Grande ha sido el estropicio que se ha generado en el país a partir del momento en que se supo que Francia Márquez, una mujer pobre, no adinerada, desplazada, negra y cabeza de familia estaba recibiendo desde 2020 y por causa de la Pandemia, un recurso económico a través del Programa de Ingreso Solidario, subsidio que nunca solicitó, y al cual se hizo beneficiaria por su calificación en el Sisben y por su condición de vulnerabilidad.

La gritería por parte de los que no consideran a Francia como digna candidata a la vicepresidencia de Colombia es por los ciento sesenta mil pesos mensuales que por un poco más de dos años, durante la Pandemia, ha venido recibiendo, merecidamente, la candidata vicepresidencial del Pacto Histórico.

Pero a muchos de los despreciadores de Francia por este subsidio solidario, irónicamente se les borró de su memoria la millonada que recibieron, sin tener derecho, por parte del Programa “Agro, Ingreso Seguro”, entre ellos, el Ingenio Azucarero “Pichichí” en el Valle del Cauca, de propiedad del padre de la senadora María Fernanda Cabal, el cual fue beneficiado por “Uribito” con un “módico” subsidio de 650 millones de pesos.

Recordemos que, en el año 2009 siendo Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, lo que parecía ser un bien encaminado y novedoso programa del gobierno para subsidiar a los campesinos afectados por los TLC terminó siendo uno de los mayores escándalos de corrupción en Colombia cuando se descubrió que los más de dieciséis mil millones de pesos de estos subsidios destinados a los campesinos terminaron en manos de pudientes ganaderos y agricultores que apoyaron la campaña presidencial del entonces presidente, Alvaro Uribe Vélez.

Por favorecer igualmente a familias del Magdalena, entre otras, a los Vives Lacouture con más de 500 millones de pesos, a los Vives Prieto con 409 millones, a los Lacouture Dangond con 457, a los Dávila Fernández con 800, a los Dávila Jimeno con 445, y a los Vives Caballero con 803, entre otros, el conocido “Uribito”, Andrés Felipe Arias Leyva paga una condena de 17 años impuesta por la Corte Suprema de Justicia.

Técnicamente como subsidio social se conoce de manera básica a la ayuda económica que una persona o entidad recibe de un organismo de gobierno para la satisfacción de una determinada necesidad; pero también como subsidio financiero se dice de esa suma de dinero que derivada de la diferencia entre el verdadero precio de un producto o bien de consumo y el costo de producción no se le cobra al usuario, entendiéndose entonces, que este tipo de subsidios podrán ser tanto para el productor como para el consumidor.

En líneas generales, existen los subsidios sociales y los subsidios financieros, siendo estos los que se dan cuando el valor que paga el beneficiario de un bien o de un servicio es menor que el costo de producir ese bien o ese servicio.

La historia del uso dado a los subsidios en Colombia, tanto los sociales como los financieros, no es que haya sido muy sana ni muy pulcra que digamos, confirmando que ellos, finalmente, terminan siendo un factor e ineficiencia del gasto público ya que en muchas ocasiones los mismos se entregan bajo presiones de carácter político y casi siempre sin que se surta un proceso previo de análisis que asegure la calidad del gasto.

Finalmente, en cierta época, medianamente reciente, en la que el transporte público era subsidiado por el gobierno, en Cartagena fueron varias las empresas de transporte público, específicamente la de buses y busetas, que se enriquecieron al recibir los jugosos subsidios y no prestar el servicio a los ciudadanos sino a los trabajadores de las empresas de Mamonal que los contrataban para esta labor, es decir, un mismo vehículo era subsidiado y al mismo tiempo trabajaba para las empresas del sector petroquímico.

*Columna de opinión. Las opiniones no representan los valores, conceptos y/o postura del periódico.