La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), junto con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Fiscalía, la Alcaldía, entre otras, iniciarán la intervención para buscar los cuerpos de personas desaparecidas en el Cementerio de Albornoz tras el conflicto armado. Este proceso incluirá la participación de personas víctimas dentro de las acciones humanitarias de búsqueda, toma de ADN a familiares y cuerpos e intervención forense del cementerio. Acciones que permitirán los Planes Regionales de Búsqueda de Montes de María y Morrosquillo, Canal del Dique y norte de Bolívar. “Identificar a los desaparecidos devuelve dignidad a las víctimas y paz a sus familias. USAID apoya estas iniciativas que cumplen con el Acuerdo de Paz y fortalecen la confianza y la justicia. Estamos orgullosos de trabajar con nuestros socios en este esfuerzo”, expresó Michael Camilleri, director de USAID para el Caribe y América Latina. Documentación de la UBPD y la JEP apunta a que en el cementerio de Albornoz reposan cuerpos que necesitan ser sometidos a análisis forense para corroborar si corresponden a víctimas del conflicto. La investigación está relacionada con una medida cautelar de la JEP solicitada por organizaciones de víctimas como acción preventiva frente al Proyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique.

En las últimas horas se conoció que una fiscal de la Seccional Bolívar judicializó a dos hombres que, en hechos independientes, habrían maltratado física, verbal y sicológicamente a sus padres. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los casos ocurrieron en los barrios Ceballo y El Bosque de Cartagena, el pasado mes de septiembre, cuando los presuntos agresores, de 20 y 27 años, al parecer, se encontraban en estado de embriaguez y bajo efectos de sustancias alucinógenas, agredieron a sus progenitores. Una de las víctimas es un padre de familia de 60 años a quien su hijo, presuntamente, hirió en un brazo con arma cortopunzante además de intentar asfixiarlo porque le hizo un llamado de atención. En otra investigación, la agredida es una madre de 41 años que habría sido golpeada por su primogénito por no darle dinero para comprar drogas. Se conoce que el ente acusador les imputó el delito de violencia intrafamiliar agravada, el cual no aceptaron. Por solicitud de la Fiscalía, jueces de control de garantías impusieron medida de aseguramiento en la cárcel San Sebastián Ternera en la capital de Bolívar a los procesados.