La escollera de Bocagrande, construida entre 1768 y 1786, fue una de las mayores hazañas de ingeniería en Cartagena de Indias. Su propósito era cerrar el canal de Bocagrande para evitar el ingreso de barcos enemigos a la bahía. Esta obra, diseñada por Antonio de Arévalo, contribuyó a fortalecer las defensas de la ciudad en el contexto de constantes amenazas. El dique tiene 3 kilómetros de largo y fue construido utilizando pilotes de madera y piedras locales. Estas estructuras se diseñaron específicamente para resistir el fuerte oleaje y proteger las murallas de la ciudad. La escollera también creó un malecón y playas artificiales, transformando el paisaje costero de Cartagena. Durante la construcción, se enfrentaron varios retos técnicos, como la necesidad de cimentar sobre terrenos húmedos. Se probaron soluciones como los cajones de madera rellenos de piedra, pero debido a su alto costo y poca durabilidad, fueron descartados. La escollera fue finalmente diseñada para ser más resistente y efectiva. La obra también tuvo un impacto ambiental, al modificar el flujo de las mareas y crear áreas estables de arena que facilitaron el desarrollo de la ciudad. A medida que avanzaba la construcción, se incorporaron modificaciones que mejoraron las condiciones originales, garantizando su eficacia a largo plazo. Hoy en día, en marea baja, se pueden observar partes de la escollera bajo el agua, un testimonio de su importancia histórica. La escollera de Bocagrande no solo protegió a Cartagena, sino que se ha convertido en un símbolo de la ingeniería militar española y su capacidad para enfrentar los desafíos del mar Caribe.

Diomedes de Jesús Díaz Noriega, un hombre de 37 años, fue enviado a prisión preventiva en Cartagena por su presunta implicación en la adulteración de bebidas alcohólicas. Las autoridades descubrieron una vivienda en el barrio La Quinta, en Cartagena, donde al parecer, se fabricaba y comercializaba licor adulterado, poniendo en riesgo la salud pública. La Fiscalía General de la Nación le imputó a Díaz Noriega varios delitos, entre ellos corrupción de alimentos, imitación o simulación de productos y usurpación de derechos de propiedad industrial. A pesar de las pruebas presentadas, el acusado no aceptó los cargos. La defensa argumentó que no hubo participación directa de su cliente en los hechos, pero el proceso legal continuó con base en el material probatorio. En la vivienda donde se encontraron más de 125 botellas de licor, 210 bolsas con sellos de un whisky escocés, 560 estampillas de licor del departamento de Bolivar y 240 anillos de seguridad, entre otros elementos. Estos hallazgos fueron fundamentales para que un juez de Control de Garantías decidiera imponer la medida de aseguramiento en centro carcelario. El ahora procesado cumplirá su reclusión en la cárcel San Sebastián de Ternera en Cartagena. Este caso pone de manifiesto la gravedad de las actividades de adulteración de productos de consumo humano y la respuesta legal contundente para proteger a la población.

El pasado 2 de noviembre, se llevó a cabo la demolición de la torre Aquarela, ubicada cerca del Castillo San Felipe, esta decisión fue tomada por el Distrito ante el riesgo que el proyecto representaba para el estatus de la ciudad como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, reconocimiento otorgado por la Unesco hace 40 años. Sin embargo, tras el derrumbe, la incertidumbre persiste para los compradores de los apartamentos de Aquarela, quienes invirtieron sus recursos en lo que prometía ser su hogar, y ahora, esperan que el Distrito de Cartagena les ofrezca una solución clara sobre cómo y cuándo recibirán una compensación por la pérdida de su inversión. Ante esto, el agente interventor del proyecto, Ángel Rodríguez Sánchez, dio a conocer los pasos a seguir para atender a las víctimas, según explicó, el proceso iniciará con un levantamiento topográfico que permitirá identificar y demarcar los lotes que están a nombre de la promotora del proyecto. “Vamos a hacer el levantamiento topográfico para poder demarcar hasta dónde está cada uno de los lotes que está a nombre de la promotora, para ver si eso ya se puede enajenar. Pero, los que están a nombre de la fiducia o el encargo fiduciario Aquarela, tocará liquidar el patrimonio autónomo que en este caso es Aquarela y, en ese orden de ideas, que la fiducia le dé lo que le corresponde a la constructora y así poder enajenarlo para comenzar la reparación de víctimas”, indicó Rodríguez Sánchez. El objetivo de este proceso es que, una vez se identifiquen y enajenen los bienes, los recursos obtenidos se destinen a la compensación económica de los afectados. Sin embargo, el proceso podría extenderse durante varios meses, dependiendo de la complejidad de la liquidación del patrimonio autónomo y de la disponibilidad de los recursos. Las víctimas del proyecto han exigido transparencia y celeridad en el proceso de reparación, dado que muchos de ellos han visto comprometidos sus ahorros de toda la vida, mientras tanto, las autoridades locales estan al pendiente de garantizar que los derechos de los afectados sean protegidos y que se realice una distribución justa de los recursos.