El próximo 22 de julio de 2025 se llevará a cabo en Sincelejo, Sucre, el Diálogo Territorial No. 10, un espacio de participación ciudadana organizado por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). El encuentro hace parte de la estrategia nacional Diálogos Territoriales: Gobernanza y ley de distribución de competencias, que busca recoger insumos para la construcción de la nueva normativa que definirá qué funciones asumirán los gobiernos locales. La jornada se realizará de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en la sede territorial de la ESAP (Carrera 17 #23-106) y contará con la presencia de representantes del alto gobierno, autoridades territoriales, comunidades, pueblos ancestrales, la academia y la sociedad civil. En esta edición, el eje temático central será la ruralidad y su relación con la futura Ley de Distribución de Competencias. Este proceso cobra relevancia tras la aprobación del Acto Legislativo 03 de 2024, que incrementará de manera gradual los recursos que reciben las entidades territoriales, pasando del 28% al 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación en un plazo de 12 años. Para que este cambio entre en vigor, el Congreso debe aprobar una ley que establezca con claridad las nuevas responsabilidades de municipios y departamentos. Los interesados en participar pueden inscribirse gratuitamente en la página oficial de la ESAP

La Contraloría General de la República ha emitido una alerta sobre el riesgo de una posible terminación anticipada del contrato de concesión para la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique. Esta situación podría acarrear graves consecuencias económicas y ambientales para la región y el país. El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra señaló que finalizar anticipadamente este contrato implicaría un pago de hasta $350.000 millones al concesionario, sin que se hayan logrado avances significativos en la restauración ambiental prevista. Hasta el momento, solo se han realizado obras menores de mejoramiento vial y algunos dragados de mantenimiento en el canal. Además, la terminación del contrato dejaría sin solución problemas ambientales que afectan a aproximadamente 1,5 millones de personas en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre. Estos problemas incluyen bajo nivel de navegabilidad, inundaciones en épocas de invierno, desabastecimiento de agua en temporadas de sequía y excesiva sedimentación La Contraloría también advirtió que nuevos requisitos, como la exigencia de una licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la implementación de un protocolo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para la recuperación de posibles víctimas en el canal y la realización de consultas previas adicionales con nuevas comunidades, podrían retrasar aún más el proyecto. Ante este panorama, el contralor instó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a gestionar adecuadamente estos riesgos para evitar la terminación anticipada del contrato y proteger los intereses públicos y ambientales de la región. La restauración del Canal del Dique es considerada un proyecto de importancia estratégica para la nación, con una inversión estimada de $3,26 billones, destinada a mejorar la calidad de vida de las comunidades afectadas y preservar ecosistemas clave en la región Caribe.