Desde el pasado 16 de enero, la región del Catatumbo se ha vista afectada color el alza en Arana de los grupos al margen de ley. Según la Oficina de Asunto Humanitarios de la ONU, reveló que 91.879 personas han sido víctimas de los múltiples enfrentamientos y además, se han registrado un desplazamiento masivo de 56.091 personas. «Esta situación ha generado el desplazamiento masivo de por lo menos 56.091 personas, constituyendo una de las crisis humanitarias por desplazamiento más grandes en los últimos años. En su mayoría, las personas arribaron a las ciudades de Cúcuta (22.459), Ocaña (10.292) y Tibú (13.541). El 3 de febrero finalizó la toma de censos por desplazamiento masivo, dando paso a la toma de declaraciones por desplazamiento individual», señala la OCHA. Se conoce que, acerca de 1.000 personas salieron a otros departamentos como Antioquia, Arauca, Atlántico, Córdoba, César, Caquetá, La Guajira, Magdalena y Santander. Por otro lado, cerca de 27.381 personas enfrentan restricciones a la movilidad en Ábrego, El Tarra, San Calixto, Teorama y Tibú, zonas en donde se ha dificultado el acceso a bienes y servicios esenciales. «De las 8.668 personas inicialmente confinadas, la mayoría ahora enfrenta restricciones críticas, mientras que 287 personas siguen confinadas en las veredas Santa Isabel, El Brandi, El Suspiro y Guadalupe (Tibú). Se conoce que aun no se ha tomado declaración de la población confinada, retrasando el acceso a atención humanitaria. Las restricciones para el acceso humanitario persisten en municipios como San Calixto, Teorama, Tibú, El Tarra, Convención, Hacarí, Sardinata, El Carmen y Ábrego el territorio, dificultando la respuesta a las necesidades de comunidades con restricciones a la movilidad y confinamiento. Entre enero y febrero, se han registrado 11 afectaciones a la Misión Médica en Tibú y Teorama, lo que resalta la urgencia de reforzar medidas de protección y garantizar el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH) para asegurar la continuidad de la atención en salud», señala el reporte. El punto más alto de las afectaciones entre la sociedad civil fue durante las semanas posteriores al conflicto, sin embargo, febrero también fue un mes fuerte. Algunas personas que permanecían en los cascos urbanos de Cúcuta, Ocaña y Tibú, estarían retornando sin las condiciones de seguridad a sus veredas, a pesar de los escenarios de riesgos derivados de la instalación de minas antipersonal, las amenazas y la continuidad de las acciones armadas. Estos retornos son impulsados por la necesidad de recuperar los medios de vida de las comunidades, en especial ante el deterioro de cultivos, el abandono de animales de crianza y los riesgos asociados al despojo de sus tierras y viviendas», advierte la OCHA. Fuente: Blu Radio.