Después de más de seis años de litigio, la Fiscalía Seccional 17 de Cartagena ordenó la restitución del terreno conocido como El Cayao a los nativos de la isla de Barú, luego de comprobarse irregularidades en el proceso de compraventa que permitió su transferencia. La denuncia fue presentada el 18 de agosto de 2018 ante la Fiscalía Seccional de Cartagena, señalando a Carlos Schrader Fajardo e Ignacio Morales como responsables de fraude procesal, falsedad material e ideológica en documento privado, uso de documento público falso, entre otros delitos. Según la investigación, los acusados obtuvieron la transferencia del dominio del terreno mediante un documento de compraventa sin los requisitos legales y un acta de audiencia de ratificación de firma suscrita con firmas falsas ante un juez civil. El predio en cuestión es donde actualmente opera la Sociedad Portuaria El Cayao, una gasificadora clave para la producción de gas en Colombia. En un intento por cerrar el caso, fiscales de la época buscaron su prescripción, pero tras un recurso de apelación, el expediente fue devuelto a la Fiscalía 17 para continuar con el proceso de restablecimiento del derecho. Fue en 2024 cuando se practicaron pruebas grafotécnicas y documentológicas a la promesa de compraventa y al acta de audiencia, determinando que no existía correspondencia entre las firmas registradas. En el mismo año, la Fiscalía vinculó a la Sociedad Portuaria El Cayao y a la Fiduciaria Itaú, esta última como titular de los derechos de dominio, pero ninguna pudo hacerse parte en el proceso debido a que presentaron poderes sin los requisitos legales. Finalmente, el 28 y 29 de octubre de 2024, la Fiscalía emitió una providencia ejecutoriada ordenando la entrega del terreno a los nativos de Barú, reconociéndolos como sus legítimos propietarios. Con esta decisión, se pone fin a un largo proceso judicial y se reivindican los derechos de la comunidad sobre su territorio.

El pasado 19 de noviembre, un lamentable caso se presentó en Cartagena. De acuerdo con la información suministrada a través de nuestros canales de comunicación, testigo aseguró que delincuente intentó hurtar a una persona, al no lograrlo, atacó a bus de Transcaribe resultando una mujer herida. Todo inició cuando, debido a un percance con un articulado en horas de la noche, “en una zona peligrosa”, de acuerdo con la fuente; los usuarios tuvieron que realizar un transbordo en inmediaciones a la antigua sede del tránsito. En medio de la fila para ubicarse en el otro bus, un delincuente forcejeó con un pasajero donde al parecer terminó herido de la mano. La víctima rápidamente pudo ingresar al articulado dando inicio a la marcha. El delincuente, por su parte, decidió tomar una piedra y lanzarla contra el vehículo en movimiento dejando una mujer herida en su rostro, de quien se desconoce su estado de salud actual.

En una operación técnica realizada en la zona rural de Hatillo de Loba, Bolívar, Afinia, filial del Grupo EPM, detectó seis transformadores ilegales y más de 1,2 kilómetros de redes clandestinas usadas para alimentar minas de oro. Estas conexiones fraudulentas generaban pérdidas mensuales superiores a 76 millones de pesos, equivalentes al consumo promedio de 700 hogares. Los transformadores, de diferentes capacidades (112,5 kVA, 75 kVA y 45 kVA), no estaban registrados en la empresa y eran destinados exclusivamente a la actividad minera. Durante la inspección también se identificó una mina conectada por baja tensión, con planes de instalar un nuevo transformador ilegal. Afinia advirtió que este tipo de conexiones, además de representar un delito, ponen en riesgo la vida de quienes manipulan las redes y afectan la calidad del servicio para los usuarios legales. La empresa reiteró su llamado a la comunidad a denunciar el fraude energético a través de la línea 115, la Afiniapp, la Línea Ética 0180005222955 o la Policía Nacional (123).