El 11 de noviembre de 2024, Colombia dio un paso histórico al reconocer oficialmente su responsabilidad en el magnicidio de Carlos Pizarro Leongómez, exlíder del M-19 y excandidato presidencial.
Este acto, realizado en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, se llevó a cabo tras años de lucha por justicia por parte de la familia de Pizarro, incluida su hija, la senadora María José Pizarro.
En la audiencia, el Estado colombiano admitió que el asesinato de Pizarro, ocurrido el 26 de abril de 1990, no solo involucró a grupos paramilitares, sino también a agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quienes, irónicamente, estaban encargados de su «protección».
El reconocimiento de responsabilidad incluye la admisión de que, durante el proceso judicial, se afectaron los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia, ya que el caso sufrió dilaciones significativas.
Así, con este reconocimiento el Estado colombiano expresó su compromiso de reparar integralmente a las víctimas, restaurar la confianza en las instituciones y trabajar en conjunto con las familias afectadas para alcanzar una reparación justa.
