¿Por qué quieren eliminar el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo?
Un grupo de 28 congresistas de diferentes partidos políticos radicó un proyecto de ley para derogar el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro.
Según los autores, esta norma centraliza decisiones sobre el uso del suelo agrícola e introduce las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), lo que limitaría el desarrollo productivo regional y la autonomía de los municipios.
Las APPA, eje de la controversia
El Ministerio de Agricultura sostiene que las APPA son una herramienta para proteger los mejores suelos agropecuarios, garantizar la producción de alimentos y enfrentar la crisis climática.
Estas áreas ya han sido declaradas en regiones como:
- Sur de La Guajira
- Sabana Centro (Cundinamarca)
- Antioquia (Suroeste)
- Tolima, Cauca, Putumayo
- Llanos Orientales
- Córdoba y Santander
En total, más de 80 municipios han sido priorizados en esta política.
Argumentos de los congresistas y centros de investigación
Los impulsores del proyecto afirman que la medida:
- Debilita la autonomía territorial
- Genera inseguridad jurídica para inversión y propiedad privada
- Invasión de competencias de los concejos municipales y distritales
- Modifica aspectos que requieren ley orgánica, no una ley ordinaria
La propuesta está respaldada por estudios del:
- Instituto de Ciencia Política
- ProBogotá Región
- Fundación para el Estado de Derecho
Expertos señalan que el Gobierno define el uso del suelo «por resolución», sin criterios técnicos claros y subordinando los POT a políticas nacionales.
Lo que dicen los expertos
“El Gobierno está decidiendo qué suelos proteger sin pasar por concejos municipales, rompiendo la autonomía local”,
María Carolina Castillo — ProBogotá Región
“Impone limitaciones arbitrarias al uso del suelo y desconoce la propiedad privada”,
Carlos Augusto Chacón — Instituto de Ciencia Política
Los analistas consideran que derogar el artículo 32 es clave para restablecer el modelo de competencias territoriales y la seguridad jurídica.
