A través del Grupo de Protección de Turismo y Patrimonio Nacional, la Policía Nacional da con la captura de un ciudadano de Canadá por presunto secuestro y tortura de menor de edad indígena de la comunidad Wayuu. El extranjero identificado con el nombre de Andy Asselin, de 29 años de edad, pretendía huir de Cartagena en un bus intermunicipal al ser solicitado por la INTERPOL por el país de Colombia por el delito de secuestro simple agravado. El proceso que fue adelantado por la Unidad Básica de la Investigación Criminal en coordinación con la Fiscalía 10 especializada de la ciudad de Santa Marta. El hecho tuvo lugar el pasado 26 de abril del 2024, donde una menor Wayuu de 13 años, habría sido torturada y secuestrada por dos personas, entre ellas Asselin, por, presuntamente, haber tomado elementos del hostal en la que él es dueño.  Una vez recolectada la evidencia física, se permitió determinar que la menor fue llevada a la fuerza a una de las habitaciones del lugar, donde fue amarrada de pies y manos y sometida a actos degradantes. Por tal motivo, el canadiense fue puesto a disposición de la Fiscalía General de La Nación, conforme a lo establecido por la ley, donde un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento.

La Sección Tercera del Consejo de Estado ha desestimado la apelación presentada por la Concesión Vial de Cartagena, que buscaba anular el laudo arbitral emitido por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Cartagena.  El laudo arbitral abordó un conflicto relacionado con el contrato de los peajes internos de Cartagena, centrándose en la interpretación de la fórmula para recuperar la inversión efectuada en el Corredor de Carga. Aunque el Tribunal accedió parcialmente a las demandas de la Concesión, determinó que ciertos cambios contractuales no podían ser revisados debido al tiempo transcurrido. La Concesión Vial alegó que el tribunal no había actuado correctamente en su decisión, pero el Consejo de Estado concluyó que la apelación no cuestionaba los fundamentos legales, sino las interpretaciones realizadas por los árbitros. Además, el Consejo de Estado impuso una sanción económica de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes a la Concesión Vial de Cartagena.