La Sección Tercera del Consejo de Estado ha desestimado la apelación presentada por la Concesión Vial de Cartagena, que buscaba anular el laudo arbitral emitido por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Cartagena.  El laudo arbitral abordó un conflicto relacionado con el contrato de los peajes internos de Cartagena, centrándose en la interpretación de la fórmula para recuperar la inversión efectuada en el Corredor de Carga. Aunque el Tribunal accedió parcialmente a las demandas de la Concesión, determinó que ciertos cambios contractuales no podían ser revisados debido al tiempo transcurrido. La Concesión Vial alegó que el tribunal no había actuado correctamente en su decisión, pero el Consejo de Estado concluyó que la apelación no cuestionaba los fundamentos legales, sino las interpretaciones realizadas por los árbitros. Además, el Consejo de Estado impuso una sanción económica de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes a la Concesión Vial de Cartagena.

La infraestructura con sentido social no solo construye vías, construye legitimidad, confianza y oportunidades en los territorios. Por Ernesto Carvajal, representante legal Concesión Autopistas del Caribe Hablar de los primeros cuatro años del Proyecto Autopistas del Caribe es relatar una experiencia que va mucho más allá de la ingeniería y los cronogramas de obra, es hablar de un proceso de construcción colectivo que ha enfrentado grandes desafíos sociales e institucionales, gracias a la capacidad de un equipo comprometido que ha entendido que la infraestructura  se construye no solo con asfalto, concreto y acero, sino con relaciones sólidas, con respeto al territorio y con la convicción de que cada kilómetro intervenido puede transformar vidas. Autopistas del Caribe es uno de los proyectos más importantes del programa de Cuarta Generación del caribe colombiano, con una longitud de más de 253 kilómetros de vías existentes entre Bolívar y Atlántico, que pretende mejorar la conectividad entre los principales puertos del país y el transporte de carga en la Región Caribe. A la fecha, se han realizado acciones como: más de 220.000 m de sello de fisuras, más de 14.000 de m3 de asfalto para reparación de baches, más de 6.000 kilómetros de rocería, más de 76.000 m de limpieza de cunetas, reposición de más de 6.000 señales verticales, pintura de más de 5.000.000 m de demarcación horizontal, instalación y reposición de 144.000 tachas reflectivas, entre otras actividades que se han realizado sin descanso en esta larga y comprometida fase de pre-construcción. Pero lo más significativo de este proceso ha sido la manera en que se ha asumido el reto, desde una visión que entiende que el éxito de una concesión no se mide únicamente en indicadores técnicos, sino en la capacidad de generar valor público, de tejer relaciones duraderas con los actores del entorno, y de desarrollar estrategias que van más allá de lo contractual, incorporando dimensiones sociales, ambientales y comunitarias que hacen del proyecto un verdadero agente de cambio y de desarrollo. En ese sentido, la estrategia de relacionamiento comunitario ha sido uno de los pilares más sólidos del proyecto, con una inversión social de $4.431 millones (cierre de mayo 202) ,traducida en equipo de trabajo, programas de educación y sensibilización en cultura vial, capacitaciones y jornadas cívico-ambientales, donaciones y apoyo a comerciantes, emprendedores, grupos deportivos y sobre todo, en el impulso a proyectos productivos que han puesto en el centro a las comunidades como protagonistas de su propio desarrollo. Es así como hemos trabajado de la mano del cabildo indígena Mokaná de Baranoa, promoviendo iniciativas de fortalecimiento cultural y económico; hemos acompañado a los pescadores de Gambote en el mejoramiento de sus prácticas y su acceso a mercados; hemos apoyado a las mujeres emprendedoras de Turbaco y Sincerín, generando capacidades para el liderazgo económico y la autonomía financiera, hemos fortalecido el trabajo ambiental y de generación de ingresos de un grupo de mujeres viveristas de Los Pendales, quienes serían parte activa de  actividades de compensación y restauración ecológica y hemos fortalecido a la asociación de mineros artesanales de Arroyo de Piedra entre otras iniciativas. Todo esto ha sido posible gracias al trabajo articulado de un equipo multidisciplinario que ha sabido leer los contextos, anticipar riesgos, adaptarse a los cambios, enfrentar bloqueos con diálogo, construir una narrativa común con las comunidades del área de influencia, pero que también ha soportado con entereza ataques violentos y desproporcionados de la minoría opositora al proyecto y que con acciones pacíficas ha logrado reestablecer el cobro en las estaciones de peaje.  Todo lo anterior en un momento del país donde la credibilidad en las instituciones y la estabilidad de los contratos públicos requieren ser protegidas y fortalecidas. Hoy, el proyecto Autopistas del Caribe se encuentra en una etapa crucial. A pesar de los avances tangibles, la generación de más de 1.900 empleos directos e indirectos y de los beneficios evidentes para 20 municipios del área de influencia directa en los departamentos de Bolívar y Atlántico, aún persisten incertidumbres sobre su continuidad, lo que representa un riesgo no solo para la obra física sino también para la sostenibilidad de las relaciones construidas, la confianza institucional y el modelo de alianza público-privada que ha permitido que Colombia cierre brechas históricas de conectividad y competitividad. Estos cuatro años son, sobre todo, testimonio de que cuando se trabaja con visión, con coherencia y con un compromiso genuino con el territorio es posible hacer infraestructura de una manera diferente, más humana, más participativa y resiliente frente a los retos que impone un entorno cambiante. Hoy a pesar  de que el proyecto se encuentra mucho más cerca de una terminación anticipada, desde la concesión continuamos trabajando para defender con argumentos el modelo de concesiones tan golpeado por estos días, pero también para que los beneficios alcanzados se multipliquen y consoliden en un futuro más próspero para la Región Caribe y el país entero.

En las últimas horas se conoció que una fiscal de la Seccional Bolívar judicializó a dos hombres que, en hechos independientes, habrían maltratado física, verbal y sicológicamente a sus padres. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los casos ocurrieron en los barrios Ceballo y El Bosque de Cartagena, el pasado mes de septiembre, cuando los presuntos agresores, de 20 y 27 años, al parecer, se encontraban en estado de embriaguez y bajo efectos de sustancias alucinógenas, agredieron a sus progenitores. Una de las víctimas es un padre de familia de 60 años a quien su hijo, presuntamente, hirió en un brazo con arma cortopunzante además de intentar asfixiarlo porque le hizo un llamado de atención. En otra investigación, la agredida es una madre de 41 años que habría sido golpeada por su primogénito por no darle dinero para comprar drogas. Se conoce que el ente acusador les imputó el delito de violencia intrafamiliar agravada, el cual no aceptaron. Por solicitud de la Fiscalía, jueces de control de garantías impusieron medida de aseguramiento en la cárcel San Sebastián Ternera en la capital de Bolívar a los procesados.