La Alcaldía Mayor de Cartagena revocó la adjudicación del contrato para la construcción del sistema de alcantarillado en Bayunca y Pontezuela, tras detectarse irregularidades en los documentos presentados por el Consorcio Alcantarillado Rural, inicialmente seleccionado para ejecutar el proyecto. La decisión, oficializada mediante la Resolución No. 4041 del 29 de abril de 2025, fue tomada luego de comprobar que las certificaciones de experiencia presentadas por el adjudicatario contenían información engañosa. Según la Oficina Jurídica del Distrito, esto constituye una violación a los requisitos técnicos exigidos en el proceso licitatorio LP-SEGD-001-2025. La alerta fue activada el pasado 22 de abril, cuando uno de los oferentes notificó sobre posibles inconsistencias. En cumplimiento del debido proceso, la Alcaldía trasladó la solicitud al consorcio señalado, que respondió el 26 de abril. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva, se concluyó que la documentación tenía elementos falsos, lo que permitió revocar legalmente el acto de adjudicación antes de la firma del contrato, según lo establecido en la Ley 1150 de 2007. La Alcaldía anunció que se abrirá un nuevo proceso de selección para continuar con este proyecto clave para las comunidades de Bayunca y Pontezuela, reiterando su compromiso con la transparencia y la legalidad en la contratación pública.

Las empresas de servicios públicos de Cartagena han declarado la guerra a las conexiones ilegales. Agua de Cartagena, Afinia y Surtigas, en alianza con la Policía y la Fiscalía, han puesto en marcha una campaña para frenar el fraude en el uso de agua, energía eléctrica y gas, delitos que pueden llevar a prisión a quienes los cometan. La iniciativa busca identificar, denunciar y judicializar a todas las personas que incurran en estas prácticas ilegales, las cuales están tipificadas en la ley y pueden acarrear sanciones penales severas, incluyendo cárcel. Según datos de las empresas prestadoras del servicio, en Cartagena existe un alto número de usuarios que se conectan de manera ilegal, afectando la calidad del servicio y generando pérdidas millonarias. Como parte de la estrategia las empresas han dispuesto canales de denuncia anónimos para que los ciudadanos informen sobre conexiones ilegales sin temor a represalias. Estas denuncias serán evaluadas por las autoridades y podrían derivar en procesos judiciales contra los responsables. Recordemos que el código penal colombiano contempla penas de prisión para quienes cometan fraude en los servicios públicos, considerando estas acciones como delitos contra el patrimonio económico.