Seis empleados del restaurante Café del Mar, que fue desalojado del baluarte Santo Domingo el pasado 2 de septiembre, mantuvieron una reunión con la Alcaldía de Cartagena en donde se valoraron nuevas posibilidades de empleo para los trabajadores del estacionamiento comercial que se encuentran «en el aire» tras el operativo. Durante el encuentro, en el que estuvieron presentes María Camila Salas, secretaria de Hacienda y Rodolfo Díaz, asesor para Asuntos Estratégicos, se pactó concertar una nueva reunión en la que estuviese presente el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay y representantes de distintos gremios del sector privado de la ciudad que estén interesados en emplearlos. Por su parte, Cindy Hernández, gerente administrativa de Café del Mar que estuvo en el encuentro, señaló que son más de 50 empleados del establecimiento comercial los que se encuentran afectados, mencionando que muchos de ellos laboraban desde hace seis años en el restaurante y otros son madres cabeza de hogar. Ante esto, Salas señaló que desde el Distrito es una prioridad acompañar al personal que actualmente se encuentra desempleado tras el operativo de desalojo y que se está trazando una ruta de empleabilidad. La cual va desde la actualización de sus hojas de vida, formación y relacionamiento con la vinculación laboral por medio de acercamiento de agencias de empleo y gremios. En esta línea, la funcionaria les sugirió a los trabajadores realizar una matriz de caracterización con identificación de cada empleado y sus habilidades para así diseñar una ruta de empleabilidad, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico de esta dependencia.

La Institución Universitaria y Ciencias de Bolívar inicia la próxima semana la decimoséptima versión de su esperado Festival de las Artes, este año centrado en el poder de las energías creativas en sintonía con energías renovables y limpias. Durante el evento, estudiantes de Música, Artes Plásticas, Artes Escénicas, Comunicación Audiovisual, Diseño Gráfico y Diseño Industrial presentarán su talento y aprendizaje, demostrando cómo el arte puede ser un motor de cambio hacia un futuro sostenible.

El pasado 2 de noviembre, se llevó a cabo la demolición de la torre Aquarela, ubicada cerca del Castillo San Felipe, esta decisión fue tomada por el Distrito ante el riesgo que el proyecto representaba para el estatus de la ciudad como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, reconocimiento otorgado por la Unesco hace 40 años. Sin embargo, tras el derrumbe, la incertidumbre persiste para los compradores de los apartamentos de Aquarela, quienes invirtieron sus recursos en lo que prometía ser su hogar, y ahora, esperan que el Distrito de Cartagena les ofrezca una solución clara sobre cómo y cuándo recibirán una compensación por la pérdida de su inversión. Ante esto, el agente interventor del proyecto, Ángel Rodríguez Sánchez, dio a conocer los pasos a seguir para atender a las víctimas, según explicó, el proceso iniciará con un levantamiento topográfico que permitirá identificar y demarcar los lotes que están a nombre de la promotora del proyecto. “Vamos a hacer el levantamiento topográfico para poder demarcar hasta dónde está cada uno de los lotes que está a nombre de la promotora, para ver si eso ya se puede enajenar. Pero, los que están a nombre de la fiducia o el encargo fiduciario Aquarela, tocará liquidar el patrimonio autónomo que en este caso es Aquarela y, en ese orden de ideas, que la fiducia le dé lo que le corresponde a la constructora y así poder enajenarlo para comenzar la reparación de víctimas”, indicó Rodríguez Sánchez. El objetivo de este proceso es que, una vez se identifiquen y enajenen los bienes, los recursos obtenidos se destinen a la compensación económica de los afectados. Sin embargo, el proceso podría extenderse durante varios meses, dependiendo de la complejidad de la liquidación del patrimonio autónomo y de la disponibilidad de los recursos. Las víctimas del proyecto han exigido transparencia y celeridad en el proceso de reparación, dado que muchos de ellos han visto comprometidos sus ahorros de toda la vida, mientras tanto, las autoridades locales estan al pendiente de garantizar que los derechos de los afectados sean protegidos y que se realice una distribución justa de los recursos.