Comunidad científica exige cumplimiento de bioseguridad en personal de salud

La Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SCCOT) exige al gobierno hacer efectivas las garantías del derecho legal de los profesionales de la salud a la bioseguridad. 

«Es necesario que el gobierno nacional, junto con el Ministerio de Salud y Protección Social, y el Ministerio de Trabajo sigan tomando medidas de bioseguridad efectivas para garantizar la seguridad de la comunidad médica y ortopédica, así como de todos los profesionales de la salud que los apoyan en sus actividades docente asistenciales en las diferentes ESE-Hospitales Universitarios y entidades IPS”, dijo el Dr. José Luis Osma Rueda, Presidente de la SCCOT.

Los requerimientos

La SCCOT señala que las medidas de bioseguridad que el gobierno considere seguir deben alinearse con los siguientes requerimientos:

  1. Los elementos de protección personal (EPP), recomendados por el ministerio de salud, los cuales deben ser utilizados en los servicios de Urgencias, Hospitalización, UCI, Salas de Cirugía y Consulta Externa. La consecución de estos elementos es responsabilidad de las entidades contratantes y de las instituciones en donde se prestan los servicios de salud docente – asistenciales y ARL, en coordinación con el estado (decreto 488 del 2020).
  2. Información y reconocimiento de los casos de contagio por la ARL: Los casos de contagio que afecten tanto a los ortopedistas y traumatólogos, como a los profesionales de la salud en el ejercicio de sus labores, deben ser informados y reconocidos por la ARL, ya que cada caso constituye un accidente laboral.
  3. Facilitar las pruebas de diagnóstico de COVID-19 al personal de la salud: Teniendo en cuenta que la materialización de casos probables de coronavirus tiende a incrementarse entre los ciudadanos, y más aún entre los profesionales de la salud, a razón del medio en el que se desenvuelven y del contacto directo con pacientes; se  deben proveer fácil y diligentemente las pruebas del COVID-19 para poder garantizar su seguridad y determinar si se debe activar o no la ruta de atención al contagiado en cada institución prestadora de salud.

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