Cinco hombres fueron judicializados por presuntamente haber cometido los delitos de tentativa de extorsión agravada en contra de varios comerciantes de Cartagena. Una fiscal Gaula de la Seccional Bolívar estableció esta medida en contra de Wilfredo Gómez Franco, alias Tata, Roberto Carlos Burgos Moreno, Eduardo Estrada Gamero, Kevin Michel Pérez Medina y Jhon Jesús Martínez Llenera, quienes no aceptaron los cargos que se les fueron imputados. Al parecer, los procesados habrían simulado ser integrantes de grupos delincuenciales, identidad bajo la que habrían solicitado sumas de hasta $1.500.00 y $3.000.000 a empresarios a cambio de no realizar ningún ataque en contra de su integridad. Entre las víctimas, se encuentra una persona de nacionalidad extranjera que maneja un establecimiento público en el barrio Villa Sandra, el propietario de un local en Paseo Bolívar y el dueño de un almacén en La Esperanza. La Policía Nacional habría dado captura a los presuntos delincuentes entre el 30 de julio y el 2 de agosto, cuando se disponían a recibir los dineros exigidos a las víctimas.

El inicio de las obras del megaproyecto del Canal del Dique, adjudicado en junio de 2023 y considerado esencial para la restauración ambiental y el desarrollo de la Costa Caribe, se pospondrá hasta mediados de 2026 debido a la necesidad de un nuevo estudio de impacto y restauración ambiental. Carlos Rosado, director de relaciones públicas de Sacyr, empresa encargada del proyecto, confirmó esta información. Este proyecto, que busca beneficiar a más de 1,5 millones de habitantes y abarca un área de influencia de 435.000 hectáreas en los departamentos de Bolívar, Sucre, Atlántico y la ciudad de Cartagena, tiene como objetivo cumplir con el 57% de la meta nacional de restauración ambiental. Sin embargo, la exigencia de un estudio más detallado ha generado este retraso. «Este nuevo estudio está muy enfocado en la protección y restauración del ecosistema. Los términos de referencia son los mismos que aplican a cualquier proyecto de infraestructura, pero se requieren mediciones en diferentes épocas climáticas, lo que toma un tiempo importante», explicó Rosado. El estudio ambiental comenzará en enero de 2025 y se extenderá por 14 meses. Posteriormente, se necesitarán otros cuatro meses para su aprobación por parte del gobierno, lo que pospondrá el inicio de las obras hasta 2026. Inicialmente, la etapa de preconstrucción, que incluye estudios de gestión social, predial y ambiental, tenía un plazo de 18 meses, proyectando el inicio de las obras para diciembre de 2024. Con el nuevo cronograma, el proyecto acumula más de un año de retraso. Otro factor crítico es la ausencia de una licencia ambiental, un proceso que, según Sacyr, podría tardar 18 meses. Esta licencia es fundamental para alcanzar el cierre financiero del proyecto, un punto que aún no se ha concretado. Aunque Rosado aseguró que el costo del nuevo estudio ambiental no es significativo, no se han proporcionado cifras sobre posibles sobrecostos relacionados con los retrasos. Este aplazamiento podría implicar desafíos financieros y logísticos para las partes involucradas, mientras se mantiene el compromiso de cumplir con los objetivos de restauración y desarrollo regional.

Ante la información que circula sobre una supuesta liquidación del proyecto Autopistas del Caribe por la falta de acreditación del cierre financiero, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha aclarado que esta afirmación es falsa. De acuerdo con la ANI, se ha definido un Evento Eximente de Responsabilidad, lo que implica una suspensión temporal de ciertas obligaciones del concesionario debido a factores externos que han afectado el desarrollo del proyecto. Entre estos factores se encuentran la imposibilidad del cobro en las categorías I y II del peaje de Turbaco y la no construcción de la estación de peaje en Arroyo de Piedra, elementos fundamentales para garantizar la estabilidad financiera del contrato. Mientras estos obstáculos no sean resueltos, el proyecto no puede acreditar su cierre financiero. Sin embargo, esto no significa su liquidación, ya que la concesión sigue vigente y en ejecución. Autopistas del Caribe continúa trabajando con transparencia y compromiso para cumplir con las obras programadas y contribuir al desarrollo vial y socioeconómico de la región. Este proyecto, que busca mejorar la conectividad entre Cartagena y Barranquilla, sigue siendo una prioridad para la ANI y el Gobierno Nacional, en el marco de los planes de infraestructura y desarrollo del país.