En marzo de 1974, la ciudad de Cartagena se convirtió en el escenario de una de las anécdotas más polémicas del Festival de Cine. En pleno auge del “streaking”, una moda que llevaba a los jóvenes a correr desnudos en espacios públicos como acto de rebeldía, la actriz estadounidense Edy Williams aterrizó en la ciudad con el objetivo de robarse el “espectáculo”. Conocida por su extravagancia, Williams aprovechó su visita para protagonizar un acto “inolvidable”. La noche del 11 de marzo, tras la proyección de la controvertida película Saló o los 120 días de Sodoma, la actriz, en complicidad con el equipo del festival, se subió al recién inaugurado monumento de la India Catalina y posó sin la parte superior de su bikini. La fotografía, capturada por Fabio Serrano para la Revista Cromos, recorrió el mundo, causando indignación en unos y admiración en otros. La polémica no terminó allí. Durante los días que permaneció en Cartagena, Edy protagonizó varios actos que desafiaron las normas sociales de la época. Desde besar al boxeador “Rocky” Valdez en un evento deportivo hasta intentar ingresar semidesnuda a un ruedo taurino, cada acción de la actriz desató reacciones encontradas. Aunque muchos criticaron su comportamiento, otros reconocieron su capacidad para romper moldes en una sociedad conservadora. Fuente. Cartagena A Capella. Fotos. A quien corresponda

La polémica en torno al cobro de la Contribución Nacional de Valorización en la Vía del Mar, que conecta las ciudades de Cartagena y Barranquilla, continúa creciendo. En las últimas horas, el abogado y exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, presentó una nueva demanda ante el Consejo de Estado solicitando la nulidad de las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Vías (Invías) que regulan el cobro. La demanda argumenta que las resoluciones infringen derechos constitucionales y exceden las facultades de la administración, imponiendo una carga económica desproporcionada a los habitantes de la región Caribe sin un análisis adecuado de su capacidad de pago. Ruiz señaló que esta medida afecta negativamente el bienestar y la estabilidad económica de los ciudadanos, al exigirles asumir costos sin que los beneficios sean proporcionales al impacto que se les obliga a asumir. El cobro de valorización, que tiene como objetivo financiar proyectos de infraestructura vial en diez municipios de la región Caribe, no es un tema nuevo. Ya ha sido objeto de controversia en varias ocasiones, y diversos actores, como el Consejo Gremial de Bolívar, el Consejo Intergremial del Atlántico, y las Alcaldías de Cartagena y Barranquilla, también han interpuesto acciones judiciales para tumbar las resoluciones que permiten el cobro. Por su parte, el Ministerio de Transporte ha defendido la legalidad de la medida, destacando que los recursos recaudados se destinarán a financiar nuevos proyectos viales en las ciudades beneficiadas, que incluyen a Cartagena, Santa Catalina, Barranquilla y otros ocho municipios del Atlántico. El Ministerio argumenta que este mecanismo ha sido utilizado en varios proyectos nacionales desde su creación en 1921, y que es una herramienta válida para financiar el desarrollo de infraestructura, de la cual, según la cartera, se beneficiarán los municipios involucrados.