Hace algunas semanas, a través de redes sociales diversos ciudadanos de varios sectores de la ciudad le solicitaron al alcalde Dumek Turbay finalizar el contrato con Aguas de Cartagena, debido a los constantes cortes en el suministro del servicio de agua. Así mismo el mandatario de Cartagena expresó que la empresa no puede retirarse, ya que el Distrito posee la mayor parte de las acciones, además, sostuvo que una cancelación unilateral de este contrato dificultaría los proyectos de inversión y comprometería la confianza en el servicio. El alcalde concluyó anunciando que mañana martes, 29 de octubre, sostendrá una reunión en su despacho con la empresa Aguas de Cartagena, en cabeza de su gerente, Manuel Vicente Barrera, con el fin de abordar soluciones definitivas al llamado expresado por los cartageneros, frente a los constantes daños y le solicitará que no se realicen más paradas técnicas del servicio en lo que resta del 2024 y principios del 2025, con el fin de no continuar afectando a la ciudadanía.

Luego de que Eric Benavides, asesor de Despacho del Alcalde, denunciara a Augusto Rodríguez Ballesteros y a Daniel Agusto Jorge El Saieh Sánchez por presuntos delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, la presidencia de la República emitió un oficio para la Procuraduría, Fiscalía y UNP por este caso. En dichos documento, la Presidencia de la República solicita a los entes «evaluar el caso expuesto en el documento» y «tomar las acciones a las que haya lugar». Cabe recordar que, en el marco de una acción de tutela presentada por Urueta, se habrían presuntamente presentado amenazas y atentados en contra de su humanidad, por lo que la UNP expuso una serie de aspectos para no colocar un esquema de protección, expuso los siguientes argumentos que hacen tránsito a la denuncia. Por su parte, documentación señala que, según voces de Urueta, la UNP y sus funcionarios buscaban «engañar al JUEZ, tratando de decir que el señor URUETA buscaba vía de tutela, solicitar protección y controvertir una resolución que determinó su riesgo extraordinario, según  notificada con fecha 15 de octubre  de 2024 durante el desarrollo de la tutela. Se está a la espera que las entidades se manifiesten y correspondan a la medida establecida desde la Presidencia de la República denunciada por el abogado cartagenero.