La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha suspendido varios de sus programas clave en Colombia, afectando directamente iniciativas de paz y seguridad en el país. Esta decisión ha generado una gran preocupación sobre el futuro de proyectos vitales que han estado financiados por la agencia durante años, especialmente aquellos enfocados en la implementación del acuerdo de paz con las FARC y en la lucha contra el narcotráfico. La suspensión de los fondos de USAID se ha producido en el contexto de una reevaluación de las políticas de cooperación por parte del gobierno de los Estados Unidos. A pesar de los logros obtenidos en años recientes, como la disminución de cultivos ilícitos y avances en la reintegración de excombatientes, USAID ha decidido centrarse en nuevas prioridades internacionales, lo que ha derivado en una reducción drástica de la ayuda asignada a Colombia. Esta decisión también responde a la reestructuración interna de la agencia y los cortes presupuestarios impulsados por las políticas del gobierno estadounidense en cuanto a la asignación de recursos para la cooperación exterior. La suspensión de estos fondos ha generado fuertes críticas tanto en Colombia como en Estados Unidos. Líderes de ONGs y organizaciones de derechos humanos califican esta medida de “irresponsable”, advirtiendo sobre las graves consecuencias para las comunidades vulnerables. Se teme que la falta de financiación intensifique los problemas de violencia y el narcotráfico en Colombia, especialmente en las regiones más afectadas por el conflicto armado. El gobierno colombiano enfrenta ahora el desafío de buscar alternativas para financiar estos programas y mitigar los efectos de la suspensión de USAID. Mientras tanto, las comunidades afectadas siguen esperando soluciones urgentes que garanticen la continuidad de los proyectos esenciales para su desarrollo, seguridad y bienestar. USAID había invertido alrededor de $453 millones anuales en Colombia en programas de desarrollo, paz y seguridad. Este apoyo representaba una parte fundamental de los esfuerzos para la implementación del acuerdo de paz, la erradicación de cultivos ilícitos y el fortalecimiento institucional en las regiones más golpeadas por la violencia y el narcotráfico.

La Alcaldía de Cartagena fue reconocida en el 4.º Concurso de Buenas Prácticas Regulatorias, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). La administración obtuvo el galardón en la categoría de Adopción Institucional de la Política de Mejora Normativa, junto a la Gobernación de Nariño. Desde su postulación en julio, Cartagena presentó sus avances en la implementación de herramientas y metodologías que optimizan la eficiencia y transparencia de sus normativas. Este reconocimiento la convierte en la primera alcaldía de la Región Caribe en recibir esta distinción, resaltando su papel como ejemplo en el ámbito de la mejora regulatoria. La premiación se realizará el 21 de noviembre en Bogotá y reunirá a entidades nacionales y territoriales.

Los residentes del barrio La Sierrita han expresado su profunda indignación por el reciente aumento desmesurado en sus tarifas eléctricas, tras la instalación de nuevos transformadores y el reemplazo de postes, cableados y medidores. Los recibos de electricidad han triplicado su valor habitual , con algunas facturas alcanzando hasta un millón de pesos, a pesar de que el consumo registrado abarca solo 17 días. Gladys Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio, explicó la situación: “Somos de un estrato bajo que vive del día a día, y no tenemos los ingresos para enfrentar recibos tan elevados. Nos han citado a tres reuniones y nos aseguraron que las tarifas no serían afectadas, pero las facturas que hemos recibido son completamente desproporcionadas”. Debido a la magnitud del aumento, los residentes no han permitido la finalización de la intervención del prestador de servicio hasta que se resuelvan las reclamaciones y se ajuste la tarifa a un nivel razonable. El barrio La Sierrita se une a otras áreas del distrito, como Olaya, sector Ricaurte y Policarpa, que también han solicitado atención urgente debido a problemas similares relacionados con el suministro eléctrico. Mientras tanto, la empresa de servicios públicos ha confirmado que continuará con su plan de inversiones.

El Cemento Verde de Argos celebra su quinto aniversario con cifras que consolidan su impacto en la industria y el medio ambiente. En 2024, la compañía vendió más de 2,7 millones de toneladas de este producto en Colombia, representando más del 70 % de sus ventas totales en el país. La implementación de arcillas calcinadas en su Planta Rioclaro y el uso de escoria en Sogamoso y Cartagena han sido clave en la reducción de la huella de carbono del cemento, sin comprometer su calidad y resistencia. Desde su lanzamiento en 2020, Cemento Verde ha permitido mitigar la emisión de millones de kilogramos de CO2. Solo en 2024, la venta de Cemento de Uso General evitó la liberación de más de 402 millones de kilogramos de dióxido de carbono, el equivalente a retirar más de 86.000 vehículos de circulación. Por su parte, el Cemento Estructural Max logró una reducción adicional de 179 millones de kilogramos de CO2, comparable al consumo eléctrico de 1,1 millones de viviendas en un año. A pesar de los retos iniciales, como la percepción errónea sobre su color, la apuesta de Argos por un cemento más sostenible ha sido un éxito. “Hoy somos considerados pioneros y un referente mundial en la industria de materiales de la construcción por incursionar en el desarrollo de productos más sostenibles y eficientes”, destacó Claudia Ochoa, gerente de Sostenibilidad de Argos en Colombia. De cara al futuro, la compañía proyecta superar los 2,5 millones de toneladas de arcillas calcinadas utilizadas para 2030, reafirmando su compromiso con la innovación y la sostenibilidad.