Por:Asonáutica Colombia
Asociación Náutica de Colombia
La cancelación del Bahamas Charter Yacht Show 2026 es una señal inequívoca de que las políticas públicas mal diseñadas tienen consecuencias reales sobre la industria náutica. El evento, previsto para inicios de 2026, fue suspendido oficialmente por la Association of Bahamas Marinas debido a la baja participación de embarcaciones, resultado directo del aumento de tarifas y nuevas regulaciones que encarecieron la operación en ese país. Lo que comenzó como un ajuste fiscal terminó traduciéndose en menor actividad económica, pérdida de competitividad y fuga de inversión.
El impacto ha sido tan evidente que el propio gobierno de Bahamas anunció una revisión a nivel de Primer Ministro de las tarifas de navegación y normas de entrada, reconociendo que las medidas adoptadas estaban afectando el turismo náutico. Informes del sector estiman que el destino ha perdido cerca del 40% de su mercado de yates extranjeros y que la ocupación de marinas se ha reducido entre un 20% y 25%. Incluso el aumento del IVA al charter extranjero y su consolidación en una tarifa del 14% ha sido calificada por los operadores como “insuficiente” para recuperar la confianza del mercado.
Estas experiencias no son nuevas. Estados Unidos ya vivió los efectos del “luxury tax” en los años noventa, que terminó quebrando astilleros y destruyendo empleos antes de ser derogado. Canadá, por su parte, tuvo que revertir medidas similares al comprobar que estaban desincentivando la inversión náutica. La lección ha sido consistente: gravar excesivamente a las embarcaciones bajo la idea de que son solo un bien de lujo termina afectando toda la cadena productiva que depende de ellas.
Desde Asonáutica reiteramos que una embarcación es mucho más que un activo: es empleo calificado, servicios de marinas, mantenimiento, consumo de combustibles, provisiones, turismo y desarrollo para las ciudades costeras. La verdadera riqueza del sector no está en el impuesto directo al barco, sino en el movimiento económico que genera a su alrededor. Cuando los costos de registro, navegación o permanencia se elevan sin una visión integral, el resultado es predecible: el inversionista se traslada a otro destino más competitivo.
Colombia tiene condiciones excepcionales para convertirse en un hub náutico del Caribe, pero esa oportunidad solo será posible con políticas que faciliten la formalización, simplifiquen trámites y promuevan la llegada de embarcaciones. El caso de Bahamas nos ofrece una advertencia clara y oportuna. Como gremio, hacemos un llamado a las autoridades nacionales y locales para construir un marco regulatorio que atraiga inversión y fortalezca la industria náutica, en lugar de imponer barreras que terminen alejándola.
