La Protección Costera es un conjunto de medidas diseñadas para mitigar los efectos del cambio climático y la erosión costera, así como para proteger a las comunidades cercanas al mar de posibles inundaciones. En Cartagena, este proyecto tiene como objetivo asegurar más de 7 kilómetros de litoral frente a la erosión y el impacto de eventos climáticos extremos, a la vez que fomenta la expansión turística de la región. El proyecto de Protección Costera en Cartagena se inició en agosto de 2021 con la firma del acta de inicio de la Fase I, encabezada por la Vicepresidente de ese entonces, Marta Lucía Ramírez. Esta fase contempla la intervención de 4.5 kilómetros del litoral, que incluye la construcción de espolones, escolleras, rompeolas y la conformación de una playa, con una inversión total de $160 mil millones. Este monto se divide entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Cartagena. Este proyecto ha enfrentado numerosos retrasos debido a diversos problemas. Entre los principales obstáculos se encuentran la falta de recursos adecuados y problemas administrativos, incluyendo escándalos de corrupción asociados con la anterior administración de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). A esto se suman dificultades en la gestión de recursos y pagos a los trabajadores y proveedores, lo que ha afectado el ritmo de las obras. En marzo de 2024, se identificó la necesidad de conseguir recursos por un valor superior a los 60 mil millones de pesos para completar la Fase I del proyecto, la cual abarca hasta cinco tramos de balneario, y sin estos fondos adicionales, varias obras esenciales podrían quedar desfinanciadas. Juan Carlos Monzón, director de obras del consorcio Proplaya, destacó que la falta de recursos podría impedir la finalización de áreas clave como las playas 1, 2 y 3, así como del sistema de drenaje asociado.A pesar de los desafíos, el proyecto ha mostrado signos de recuperación en 2024. La reciente reactivación se ha logrado gracias a una inversión adicional de $21 mil millones de pesos, con $12 mil millones provenientes de la UNGRD y $9 mil millones aportados por la Alcaldía de Cartagena. Este respaldo financiero es crucial para avanzar en la ejecución de las obras y solucionar problemas pendientes. La reciente reunión entre el alcalde Dumek Turbay Paz y Carlos Carrillo, director de la UNGRD, reafirmó el compromiso de completar las obras de protección costera y garantizar su impacto positivo en la comunidad y el entorno turístico. La reactivación del Proyecto de Protección Costera representa un paso significativo para enfrentar los desafíos climáticos y asegurar un entorno más seguro y resiliente para los habitantes de Cartagena. Se espera que las obras continúen avanzando y beneficien a la ciudad y sus alrededores.

Los trabajos de demolición del edificio Aquarela, en Cartagena, continúan en desmonte piso por piso con un costo de $11.128 millones. Tras el inicio de obras en 2017, cuando fue autorizada la construcción de 31 pisos y años más tarde la advertencia de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre el riesgo de quitar la categoría a la ciudad de Patrimonio Histórico; así se observa en la demolición de la torre, que inició el pasado mes de febrero, desde el mismo ángulo.   Pese a que esta decisión adoptada por la administración actual en cabeza del alcalde Dumek Turbay, dejaría de poner en vilo la categoría patrimonial; quienes tienen una inversión en este proyecto sostuvieron una reunión (la primera en siete años) marzo con el mandatario para sostener un diálogos. Lea también: Superintendencia interpuso millonaria multa a constructora de Aquarela Esta reunión fue llevada a cabo en el mes de marzo donde se conoce que acordaron otros encuentros de seguimiento a los avances del tema así como realizar acercamientos con Corvivienda y el Ministerio de Vivienda a fin de buscar posibles soluciones.

El día de ayer, martes 20 de agosto, la bancada de la región Caribe y María Constanza García, ministra de Transporte, tuvieron una reunión para tratar la posible suspensión del cobro de valorización de la Vía Cartagena – Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad. Uno de los acuerdos que se establecieron en la reunión es que el 100% del recaudo será destinado a la financiación de proyectos de la región Caribe. Así mismo, el próximo mes de septiembre se publicará y actualizará un censo predial, luego de la socialización del proyecto que tendrá lugar ese mismo mes.Por su parte, a su canal institucional en la plataforma de X, el Ministerio de Transporte anunció que el recaudo sobre esta vía en marzo de 2025. Se explicó que serán exentos de pago quienes estén incapacitados para hacerlo, entre los que se incluyen los propietarios de predios de estrato 1, 2 y 3 que se encuentran en estado de extrema y moderada pobreza, según el SISBÉN y predios de Unidades Agrícolas Familiares. Durante el encuentro, que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, el senador de la República, Mauricio Gómez, se retiró de la mesa técnica de diálogo establecida entre las bancadas y el Gobierno. Durante el encuentro, el congresista le preguntó a la ministra si se mantendría en su posición de mantener las fechas establecidas en el cronograma, por lo que al recibir el sí por parte de la ministra, se declaró «impedido» de continuar en la reunión. Además, comunicó que estudiaría con su equipo la posibilidad de establecer una nueva demanda contra el Estado, por lo que considera «un golpe al bolsillo de los caribeños».