Un Juzgado de Cartagena declaró como culpable al Distrito por los perjuicios generados a una de las víctimas del desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II, en el año 2017. La sentencia señala que la decisión del juzgado está basada en la «falla en el servicio de inspección, vigilancia y control en la actividad constructora a nivel local». Tras la medida, el Distrito de Cartagena se verá obligado a indemnizar a la demandante con la suma de $143 millones por los perjuicios materiales generados. Durante la investigación, que surgió de la Procuraduría General de la Nación, se evidenció que la licencia del proyecto era falsa, lo que provocó que el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble fuese bloqueado. Por último, la jueza determinó que el valor de los daños ocasionados debe ser ajustado según el índice de precios al consumidor, con base a la fórmula indicada.

El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie Rivera, denunció el secuestro del productor ganadero Luis Hernando Peña Rodríguez en el municipio de Pailitas, departamento del Cesar, hecho que atribuyó presuntamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este suceso se suma a otros casos recientes, como el secuestro de cinco ganaderos en zona rural de Puerto Rondón, Arauca, y el caso del productor Cristian Serrano, privado de la libertad en noviembre de 2024, quien fue liberado mediante un canje por su hermana. A través de sus redes sociales, Lafaurie informó que el vehículo del ganadero Peña fue hallado abandonado hacia las 2:00 p.m. y que las autoridades competentes ya adelantan las acciones correspondientes. Fedegán manifestó solidaridad con la familia del productor e hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades para que se garantice su regreso. En paralelo, el dirigente gremial se refirió a las recientes invasiones a predios ganaderos en distintos puntos del país. Según Lafaurie, detrás de estas acciones hay una estrategia organizada por grupos que se identifican como “recuperadores de la tierra”, y que cuentan con respaldo de algunas organizaciones no gubernamentales, entre ellas el Coordinador Nacional Agrario (CNA). En su columna publicada en medios nacionales, el presidente de Fedegán identificó tres elementos comunes en estos procesos: el respaldo de ONG que agrupan comunidades rurales bajo la bandera de la recuperación de tierras; la presencia de agitadores que promueven discursos políticos entre los ocupantes; y el papel de las denominadas Guardias Campesinas, que actúan de manera organizada. Lafaurie también se refirió a la distribución de tierras en el país. Citó cifras del censo de 2018 para afirmar que los pueblos indígenas, que representan el 4,4 % de la población, son propietarios de 39 millones de hectáreas. Cuestionó que la ampliación de resguardos siga siendo una demanda activa y señaló que las comunidades indígenas cuentan con justicia especial y mecanismos de contratación directa con el Estado, habilitados desde gobiernos anteriores.

921 familias del barrio El Pozón, sector Los Ángeles, mantienen una deuda con la operadora de energía en el Caribe, Afinia, que ascendería los $6.288.953.450. El día de ayer, miércoles 18 de septiembre, en horas de la mañana, miembros de esta comunidad realizaron un bloqueo a la entrada del barrio en señal de protesta a las más de 24 horas que tenían sin suministro eléctrico a causa de la avería de un transformador de luz. Teniendo en cuenta la deuda de este sector de El Pozón, la filial del Grupo EPM, pactó con la comunidad aportar un abono de $15 mil por familia para avanzar en la instalación de un nuevo transformador basado en un principio de corresponsabilidad. Medida que fue acogida por parte de la comunidad. Por su parte, una vez consensuado el abono a pagar por parte de los miembros de la comunidad afectada, el equipo técnico de Afinia avanzó en la instalación del nuevo transformador.