El Canal del Dique, fue construido con el propósito de conectar el río Magdalena con la ciudad de Cartagena de Indias, esta bifurcación artificial, que atraviesa los departamentos de Bolívar y Atlántico, ha sido fundamental para facilitar la navegación y el transporte en esta región del país.  Con una longitud aproximada de 115 kilómetros, el canal no solo cumple un papel crucial como corredor fluvial para el comercio y la movilidad, sino que también ha tenido un impacto significativo en el desarrollo económico de la región. Desde su construcción en la época colonial, esta vía ha permitido que Cartagena, como uno de los puertos más importantes del Caribe, mantenga una comunicación fluida con el interior del país.  Sin embargo, a lo largo de los años, el Canal del Dique ha enfrentado desafíos relacionados con el manejo ambiental y la sedimentación, que han afectado su funcionamiento y a las comunidades ribereñas. Actualmente, se están llevando a cabo proyectos de recuperación y modernización para garantizar su sostenibilidad y mejorar su capacidad como vía navegable.

Desde el claustro San Agustín de la Universidad de Cartagena, el rector de dicha institución, William Malkún, se refirió al fallo otorgado por la Corte Constitucional de no devolver alrededor de 200 mil millones a Ecopetrol por el concepto de pago de la estampilla. Es de conocimiento que desde el pasado 13 de febrero del 2013, Ecopetrol presentó una demanda de nulidad y restablecimiento de derecho contra los actos administrativos de la universidad, los cuales fueron negados a pagarse. Frente a ello, se presentaron algunas pugnas legales que se dieron por finalizadas el pasado viernes 13 de diciembre. Mediante el fallo, la Corte deja sin efectos la decisión judicial que ordenaba a la Universidad de Cartagena devolver a Ecopetrol los pagos por el concepto de estampilla, que con gastos  adicionales ascendían a 300 mil millones de pesos. «Este año a la Universidad de Cartagena con su juventud y con su grito de defensa de la universidad pública, hoy, han dado un fruto importante para ello y que van a tener un futuro ya no con terror de que la universidad pueda entrar en una crisis financiera», señaló Williams Malkún, rector de esta alma mater.  Por otra parte, Malkún, manifestó el alivio que traen este tipo de decisiones que van en pro de salvaguardar la educación de miles de jóvenes que acceden a la educación superior de manera pública.  «Ustedes no saben, la carga que me he quitado de encima (…) Cuando una institución de esta solo se dedica a hacer el bien y de pronto se quiere mancillar el buen nombre en la calle, los detractores y en muchos escenarios. El conseguir un logro cuando nadie daba un peso por esto se siente muy bien», continuó diciendo. Finalizó haciendo un llamado a todos los opositores de la Universidad de Cartagena, llamándolos a pensar en el bien común por encima del bien particular. «El problema es cuando solamente nos empecinamos a destruir y esta institución, tenemos que cuidarla todos», finalizó.

El inicio de las obras del megaproyecto del Canal del Dique, adjudicado en junio de 2023 y considerado esencial para la restauración ambiental y el desarrollo de la Costa Caribe, se pospondrá hasta mediados de 2026 debido a la necesidad de un nuevo estudio de impacto y restauración ambiental. Carlos Rosado, director de relaciones públicas de Sacyr, empresa encargada del proyecto, confirmó esta información. Este proyecto, que busca beneficiar a más de 1,5 millones de habitantes y abarca un área de influencia de 435.000 hectáreas en los departamentos de Bolívar, Sucre, Atlántico y la ciudad de Cartagena, tiene como objetivo cumplir con el 57% de la meta nacional de restauración ambiental. Sin embargo, la exigencia de un estudio más detallado ha generado este retraso. «Este nuevo estudio está muy enfocado en la protección y restauración del ecosistema. Los términos de referencia son los mismos que aplican a cualquier proyecto de infraestructura, pero se requieren mediciones en diferentes épocas climáticas, lo que toma un tiempo importante», explicó Rosado. El estudio ambiental comenzará en enero de 2025 y se extenderá por 14 meses. Posteriormente, se necesitarán otros cuatro meses para su aprobación por parte del gobierno, lo que pospondrá el inicio de las obras hasta 2026. Inicialmente, la etapa de preconstrucción, que incluye estudios de gestión social, predial y ambiental, tenía un plazo de 18 meses, proyectando el inicio de las obras para diciembre de 2024. Con el nuevo cronograma, el proyecto acumula más de un año de retraso. Otro factor crítico es la ausencia de una licencia ambiental, un proceso que, según Sacyr, podría tardar 18 meses. Esta licencia es fundamental para alcanzar el cierre financiero del proyecto, un punto que aún no se ha concretado. Aunque Rosado aseguró que el costo del nuevo estudio ambiental no es significativo, no se han proporcionado cifras sobre posibles sobrecostos relacionados con los retrasos. Este aplazamiento podría implicar desafíos financieros y logísticos para las partes involucradas, mientras se mantiene el compromiso de cumplir con los objetivos de restauración y desarrollo regional.