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Colombia es un país que se caracteriza por ser diverso en todos los ámbitos: climático, étnico, cultural, biológico, geográfico y por ende, lingüístico. La diversidad lingüística de Colombia es resultado de sus lenguas ancestrales, muchas de las cuales ya han desaparecido, las lenguas criollas, que surgieron como resultado de influencias extranjeras, la lengua romanés o gitana, la lengua de señas colombiana, y por supuesto, el español de Colombia que conforman el conjunto de los idiomas de Colombia. En Colombia se hablan 70 lenguas: el castellano y 69 lenguas maternas. Entre ellas, 65 son lenguas indígenas, 2 lenguas criollas Palenquero de San Basilio y Creole de las islas de San Andrés y Providencia, la Romaní o Romaníes del pueblo Room-Gitano y la lengua de señas colombiana. Entre las lenguas indígenas destaca: achagua, andoque, awapit, bará, barasano, barí ara, bora, cabiyari, carapana, carijona, cocama, cofán, cuiba, curripaco, damana, desano, embera, ette naka, hitnu, guayabero, ika, inga, kakua, kamsá, kichwa, kogui, koreguaje, etc. Para los pueblos indígenas y sus más de 400 mil hablantes, la lengua materna es más que un instrumento para la comunicación; la lengua estructura el pensamiento, crea vínculos, articula relaciones sociales y con el cosmos, trasmite la esencia, tradición y sabiduría de generación en generación. Muchas lenguas nativas están en peligro de extinción como sus pueblos, según estudio de la Universidad de los Andes y el Centro Colombiano de Estudios de la Lengua Aborígenes, como es el caso de la achagua, que cuenta con 796 hablantes y la guayabero con 617 hablantes. Esta situación de riesgo es debido a su reducido número de hablantes en la zona geográfica de sus asentamientos, la tendencia al abandono de mecanismos propios para su transmisión a las nuevas generaciones, la exclusión social sobre estos pueblos, la violencia en los territorios, la falta de reconocimiento y visibilización por parte del Estado sobre la importancia de estas lenguas en la nación.
El licor que elaboraban los Kalamarys formaba parte esencial de la vida en sus asentamientos, los cuales estaban ubicados en lo que hoy conocemos como Cartagena, tal bebida era preparada a partir de frutas como piñas, piñuelas, plátanos, maíz y yucas, lo que de alguna manera es una muestra vivida del reflejo de la conexión de los Kalamarys con su entorno y su habilidad para aprovechar los recursos naturales disponibles. Sin embargo, la preparación de este licor no solo era un proceso de fermentación, sino también un ritual que involucraba conocimientos ancestrales sobre las plantas y técnicas específicas de extracción. Por ello, hablando específicamente del proceso los Kalamarys realizaban incisiones en las frutas y raíces para extraer los jugos, que luego se dejaban fermentar hasta convertirse en una bebida alcohólica. Esta práctica demostraba su ingenio y adaptación a los recursos naturales de la región. Por lo anterior, el consumo de estos licores tenía un papel importante en las ceremonias, celebraciones y rituales, reforzando los lazos comunitarios y las creencias espirituales del grupo. Siendo así, la producción y el consumo de estos licores muestran cómo los Kalamarys integraban su entorno en la vida diaria, utilizando los elementos naturales de manera sustentable y culturalmente significativa. Por tanto, este aspecto de su legado es un recordatorio de la riqueza cultural que existía en los asentamientos indígenas previos a la colonización, dejando una marca imborrable en la historia de la región.
Mientras cumplía detención domiciliaria, autoridades de Bolívar capturaron a “Edrick” expendiendo droga frente a una cancha de fútbol en Soplaviento. En labores de registro a personas, unidades de la estación de Policía de Soplaviento, recibieron una llamada anónima de un ciudadano que informaba que en la cancha de fútbol ubicada en el barrio Las Playas sector La Bonga, se encontraba un sujeto expendiendo sustancias alucinógenas en presencia de algunos jóvenes. Las patrullas de vigilancia llegaron hasta el lugar y efectivamente observaron al hombre con las características dadas por el ciudadano. Éste al notar la presencia de la Policía, emprendió la huida, pero fue en vano, porque los uniformados lo alcanzaron y lo detuvieron. Al practicarle una requisa, le hallaron en uno de los bolsillos del pantalón, una bolsa transparente con 210 dosis de base de coca y treinta mil pesos producto de la venta del ilícito. Los uniformados lograron evidenciar que, alias “Edrick” como fue identificado este presunto expendedor, se encontraba cumpliendo una condena con detención domiciliaria y aun así, seguía delinquiendo en los barrios de este municipio. Importante mencionar que este presunto expendedor le registran anotaciones judiciales por los delitos de: violencia intrafamiliar, acceso carnal violento, lesiones personales, fuga de presos y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Alias “Edrick” fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fuga de presos, a esperas que un juez de control de garantías defina su situación judicial.
Desde el pasado 16 de enero, la región del Catatumbo se ha vista afectada color el alza en Arana de los grupos al margen de ley. Según la Oficina de Asunto Humanitarios de la ONU, reveló que 91.879 personas han sido víctimas de los múltiples enfrentamientos y además, se han registrado un desplazamiento masivo de 56.091 personas. «Esta situación ha generado el desplazamiento masivo de por lo menos 56.091 personas, constituyendo una de las crisis humanitarias por desplazamiento más grandes en los últimos años. En su mayoría, las personas arribaron a las ciudades de Cúcuta (22.459), Ocaña (10.292) y Tibú (13.541). El 3 de febrero finalizó la toma de censos por desplazamiento masivo, dando paso a la toma de declaraciones por desplazamiento individual», señala la OCHA. Se conoce que, acerca de 1.000 personas salieron a otros departamentos como Antioquia, Arauca, Atlántico, Córdoba, César, Caquetá, La Guajira, Magdalena y Santander. Por otro lado, cerca de 27.381 personas enfrentan restricciones a la movilidad en Ábrego, El Tarra, San Calixto, Teorama y Tibú, zonas en donde se ha dificultado el acceso a bienes y servicios esenciales. «De las 8.668 personas inicialmente confinadas, la mayoría ahora enfrenta restricciones críticas, mientras que 287 personas siguen confinadas en las veredas Santa Isabel, El Brandi, El Suspiro y Guadalupe (Tibú). Se conoce que aun no se ha tomado declaración de la población confinada, retrasando el acceso a atención humanitaria. Las restricciones para el acceso humanitario persisten en municipios como San Calixto, Teorama, Tibú, El Tarra, Convención, Hacarí, Sardinata, El Carmen y Ábrego el territorio, dificultando la respuesta a las necesidades de comunidades con restricciones a la movilidad y confinamiento. Entre enero y febrero, se han registrado 11 afectaciones a la Misión Médica en Tibú y Teorama, lo que resalta la urgencia de reforzar medidas de protección y garantizar el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH) para asegurar la continuidad de la atención en salud», señala el reporte. El punto más alto de las afectaciones entre la sociedad civil fue durante las semanas posteriores al conflicto, sin embargo, febrero también fue un mes fuerte. Algunas personas que permanecían en los cascos urbanos de Cúcuta, Ocaña y Tibú, estarían retornando sin las condiciones de seguridad a sus veredas, a pesar de los escenarios de riesgos derivados de la instalación de minas antipersonal, las amenazas y la continuidad de las acciones armadas. Estos retornos son impulsados por la necesidad de recuperar los medios de vida de las comunidades, en especial ante el deterioro de cultivos, el abandono de animales de crianza y los riesgos asociados al despojo de sus tierras y viviendas», advierte la OCHA. Fuente: Blu Radio.
La Procuraduría General de la Nación ha formulado cargos contra los exdirectores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González Angulo, quien ocupó el cargo entre 2018 y 2022, y Javier Pava Sánchez, director de 2022 a 2023. Además, el subdirector de Manejo de Desastres, Ariel Enrique Zambrano Meza, quien ejerció entre 2020 y 2022, también enfrenta cargos. Estos cargos están relacionados con la inadecuada prevención y gestión de la emergencia causada por el colapso del jarillón ‘Caregato’ en la región de La Mojana, Bolívar. Antecedentes en la gestión de los exdirectores de la UNGRD El jarillón, una estructura crítica para la contención de aguas en la región, colapsó el 27 de agosto de 2021, provocando severas inundaciones que afectaron significativamente a la comunidad local, causando pérdidas materiales y daños a la infraestructura. La Procuraduría argumenta que desde abril de 2017, la UNGRD tenía conocimiento del alto riesgo de colapso del jarillón, pero no fue sino hasta marzo de 2021 que se solicitó la asignación de recursos para intervenir en la zona. Esta demora, según el organismo de control, refleja una falta de previsión y planificación adecuada por parte de los funcionarios.Además de la tardanza en la solicitud de recursos, la Procuraduría señaló que las medidas adoptadas para manejar la emergencia fueron insuficientes. No se contrataron las obras complementarias de dragado necesarias para garantizar la integridad y estabilidad de los trabajos de emergencia.Este incumplimiento resultó en una respuesta ineficaz e ineficiente a la crisis, exacerbando las consecuencias del desastre. Los contratos firmados para atender la emergencia tampoco consideraron adecuadamente la dimensión de las obras necesarias ni las condiciones meteorológicas de la época, lo que contribuyó a la insuficiencia de las medidas adoptadas. ¿Qué dice la procuraduría? La Procuraduría formuló tres cargos disciplinarios contra González Ángulo, dos contra Zambrano Meza y uno contra Pava Sánchez, calificando sus acciones como faltas graves. “Ha habido una falta de planeación, de organización y de criterios claros frente a la organización y entrega de la contratación para efectos de Caregato. Hay pliego de cargos, incluso, para directores de gestión del riesgo de gobiernos anteriores (…) no puede ser solo hablar de corrupción, lo cual está bien, sino que hay que ejecutar también”, afirmó la procuradora Margarita Cabello. La investigación de la Procuraduría busca determinar si hubo negligencia o falta de diligencia en el cumplimiento de sus funciones por parte de los exdirectores y el subdirector de la UNGRD.
El departamento de Bolívar sigue produciendo talento con proyección internacional. Un ejemplo de ello es Martina Camargo, originaria de San Martín de Loba, en el sur de Bolívar, quien gracias a su música ha logrado resonar hasta ser nominada a los Grammy Latino. Camargo ha estado trabajando en su música desde 1988, inspirada por su padre, quien también fue compositor. Gracias a esa influencia, pudo desarrollar y compartir su talento musical. Sus canciones reflejan la vida alrededor del río Magdalena, sus playones, canales llenos de barbudos y arencas en los bajos de la depresión momposina. El 31 de mayo de 2024, lanzó su primer álbum titulado Canto y Río, que cuenta con 12 canciones, 9 de su autoría, una de su padre y una de Adrián Chandé, compositor invitado. La música de Martina ha estado ganando popularidad desde 2018. Canciones como Paisaje Divino, Me Robaste el Sueño, Guataquí, entre otras, se han vuelto virales. El 17 de septiembre de este año, Canto y Río fue nominado en la categoría de Mejor Álbum Folclórico en los Grammy Latino. Este reconocimiento llega tras años de esfuerzo, trabajo y dedicación de la cantante, quien ha logrado hacer trascender su música desde el primer día que subió a un escenario.
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