La Contraloría General de la República ha emitido una alerta sobre el riesgo de una posible terminación anticipada del contrato de concesión para la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique. Esta situación podría acarrear graves consecuencias económicas y ambientales para la región y el país. El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra señaló que finalizar anticipadamente este contrato implicaría un pago de hasta $350.000 millones al concesionario, sin que se hayan logrado avances significativos en la restauración ambiental prevista. Hasta el momento, solo se han realizado obras menores de mejoramiento vial y algunos dragados de mantenimiento en el canal. Además, la terminación del contrato dejaría sin solución problemas ambientales que afectan a aproximadamente 1,5 millones de personas en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre. Estos problemas incluyen bajo nivel de navegabilidad, inundaciones en épocas de invierno, desabastecimiento de agua en temporadas de sequía y excesiva sedimentación La Contraloría también advirtió que nuevos requisitos, como la exigencia de una licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la implementación de un protocolo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para la recuperación de posibles víctimas en el canal y la realización de consultas previas adicionales con nuevas comunidades, podrían retrasar aún más el proyecto. Ante este panorama, el contralor instó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a gestionar adecuadamente estos riesgos para evitar la terminación anticipada del contrato y proteger los intereses públicos y ambientales de la región. La restauración del Canal del Dique es considerada un proyecto de importancia estratégica para la nación, con una inversión estimada de $3,26 billones, destinada a mejorar la calidad de vida de las comunidades afectadas y preservar ecosistemas clave en la región Caribe.

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Cuatro consulados colombianos reabiertos en el país de Venezuela, en las ciudades de Caracas, Maracaibo, san antonio y san Cristóbal. En los próximos meses se sumarán otras 6 oficinas, informó el embajador en Caracas, Milton Rengifo.“Estamos esperando una respuesta de la cancillería que está redefiniendo la jurisdicción de los próximos: Barqusimeto, Guasdualito – El Amparo, Puerto Ayacucho, Puerto Ordaz, Atabapo y Puerto La Cruz, son 6 que yo creo que en los próximos 6 meses deben estar funcionando” dijo el embajador Rengifo. Un encuentro entre comisiones binacionales el mes próximo. “Convinimos que en la primera o segunda semana de octubre vamos a tener una reunión en Maicao, es la propuesta nuestra, para reunir las comisiones venezolanas que van a seguir trabajando para mejorar y profundizar la integración” añadióRengifo. Se refirió también a las tareas que están pendientes de cumplir para que el intercambio comercial binacional llegue a niveles deseados.