En un evento en Cali, el ministro de las Culturas, Juan David Correa, anunció la inclusión del «Complejo Musical-Dancístico de la Salsa Caleña» en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia mediante la resolución 367 de 2024. Este reconocimiento busca proteger y promover las prácticas que forman parte de esta tradición musical y dancística, arraigada en la identidad de la ciudad. Correa destacó la salsa como una expresión cultural que narra la historia de Cali, mencionando la importancia de su comunidad de artistas, bailarines y artesanos. Subrayó que esta manifestación podría llegar a ser patrimonio de la humanidad en el futuro. El «Complejo Musical-Dancístico de la Salsa Caleña» abarca conocimientos, técnicas y habilidades que han evolucionado a lo largo del tiempo, creando un ecosistema social único en Santiago de Cali. Este patrimonio involucra a diversos actores, desde músicos hasta artesanos que confeccionan trajes e instrumentos. El Plan Especial de Salvaguardia (PES) que acompaña esta declaración incluye siete líneas estratégicas para asegurar la continuidad de la salsa en la ciudad. Estas estrategias se centran en la formación, la comunicación, y el apoyo a organizaciones comunitarias, entre otros aspectos. El alcalde de Cali, Alejandro Éder, celebró esta declaración como un logro colectivo y enfatizó el compromiso de la comunidad y del ministerio en la preservación de esta tradición cultural. La inscripción marca un nuevo capítulo para la salsa caleña, fortaleciendo su relevancia y su potencial para ser reconocida globalmente.

Durante la sesión del Concejo Distrital de Cartagena sobre la emergencia sanitaria que afectó a familias en Serena del Mar, Cardique anunció indagación preliminar para esclarecer si los hechos que dieron lugar a la emergencia, obedecen a aspectos ambientales. En representación del director de la corporación, María Alejandra Díaz, subdirectora de Gestión Ambiental, explicó que desde el inicio de la emergencia, Cardique ha realizado actuaciones en terreno, como la toma de muestras de agua en la red de agua potable de Serena del Mar, en articulación con Aguas de Cartagena, el Dadis y voceros del proyecto Serena del Mar. Díaz reiteró que Cardique no tiene competencia sobre agua potable, pero sí sobre el uso de agua por reúso, para lo cual han expedido resoluciones que, hasta la fecha, no presentan evidencia de incumplimiento por parte de los responsables de esta autorización. También recordó que la corporación expidió la licencia del emisario submarino, pero este instrumento no guarda relación directa con el sistema de agua potable que abastece la zona. Así mismo, Cardique ha hecho presencia en otros sectores como Tierra Baja y Puerto Rey, donde se recibieron quejas por alteraciones en los acueductos comunitarios, lo que motivó una convocatoria institucional con Aliat, Aguas de Cartagena y el Distrito. “Estamos frente a una indagación formal liderada por la Oficina de Sancionatorio Ambiental, con el propósito de esclarecer los hechos y, si es necesario, establecer responsabilidades”, puntualizó la subdirectora.

Promigas, en alianza con la Fundación Cataruben, ha lanzado el proyecto Corozo (CO2ROZO), la primera iniciativa privada de conservación a gran escala del medioambiente en el Caribe colombiano. Este proyecto busca conservar 105.000 hectáreas de bosque seco tropical y humedales estratégicos para 2044, evitando la emisión de 3,5 millones toneladas de dióxido de carbono (CO2). El proyecto Corozo se desarrollará en ocho departamentos de la costa norte del país: Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Santander y Sucre. Durante su primera fase, se vincularán predios privados, cuyos propietarios recibirán incentivos económicos por la conservación de áreas estratégicas. El proyecto será certificado bajo el estándar internacional VCS-Verra, y sus actividades clave incluirán la conservación y restauración de ecosistemas. Además de contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, generará Certificados de Carbono, integrando la protección de la biodiversidad, el carbono y el agua en una estrategia de conservación a largo plazo. Entre los territorios beneficiados se encuentran varios municipios, como Anorí, Cáceres, El Bagre, Nechí, Puerto Berrío, Remedios, Segovia y Zaragoza (Antioquia); Cantagallo, Montecristo y San Pablo (Bolívar); Tierralta (Córdoba); Riohacha (La Guajira); Ciénaga y Santa Marta (Magdalena); Barrancabermeja, Cimitarra, Puerto Parra, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí (Santander), además de algunos corregimientos en Cesar y Sucre.