El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció un profundo cambio en la política de seguridad que implementará desde el inicio de su mandato. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, aseguró que el Alto Comisionado para la Paz desaparecerá y que su gobierno desmontará lo que calificó como un «sistema de impunidad» construido durante la administración saliente.
«Se acaba el Comisionado de Paz. Desde el 7 de agosto habrá desmonte total del sistema de impunidad que reina en este momento«, afirmó el mandatario electo, dejando claro que una de sus primeras decisiones será modificar el enfoque que ha tenido el Estado frente a los grupos armados ilegales.
Las declaraciones hacen parte de la estrategia de seguridad que Abelardo ha venido presentando antes de asumir oficialmente la Presidencia de la República, en la que ha insistido en fortalecer la autoridad del Estado, respaldar a la Fuerza Pública y replantear los mecanismos de diálogo con organizaciones armadas.
Según el presidente electo, su administración priorizará la aplicación de la ley y el combate contra las estructuras criminales, dejando atrás el modelo de negociación impulsado durante el gobierno de Gustavo Petro bajo la política conocida como Paz Total.
Un cambio de rumbo en la política de paz
El anuncio representa uno de los cambios más significativos frente a la política implementada durante los últimos años. Desde su creación, la figura del Alto Comisionado para la Paz ha sido la encargada de coordinar los procesos de diálogo y negociación con diferentes grupos armados, además de liderar estrategias relacionadas con la construcción de paz.
Sin embargo, Abelardo considera que ese modelo no produjo los resultados esperados en materia de seguridad y sostiene que, por el contrario, permitió el fortalecimiento de organizaciones ilegales en distintas regiones del país.
Aunque el mandatario electo confirmó que eliminará esa figura, todavía no ha explicado cómo se redistribuirán esas funciones ni qué entidad asumirá la coordinación de los asuntos relacionados con eventuales procesos de paz o sometimiento a la justicia.
La seguridad será una prioridad del nuevo gobierno
Durante la campaña presidencial, Abelardo de la Espriella reiteró en varias oportunidades que uno de los principales objetivos de su gobierno será recuperar el control del territorio y combatir con mayor contundencia a las organizaciones criminales.
En ese sentido, ha manifestado que fortalecerá las capacidades operativas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, revisará la política criminal vigente y promoverá una estrategia enfocada en la persecución de quienes continúen desarrollando actividades ilícitas.
El mandatario electo ha insistido en que la seguridad será uno de los pilares de su administración y que buscará restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de garantizar el orden público.
Se esperan los primeros decretos tras la posesión
Aunque el anuncio ya generó reacciones en distintos sectores políticos, jurídicos y de seguridad, los alcances concretos de la medida solo se conocerán una vez Abelardo asuma oficialmente la Presidencia el próximo 7 de agosto.
Será entonces cuando su gobierno defina, mediante decretos o proyectos de ley, la forma en que se implementarán estos cambios, el futuro institucional del Alto Comisionado para la Paz y las nuevas directrices en materia de seguridad y relacionamiento con los grupos armados ilegales.
Las declaraciones del presidente electo anticipan que la política de paz será uno de los primeros frentes de transformación de su administración y uno de los temas que marcarán el inicio de su mandato, al plantear un giro frente al modelo desarrollado durante los últimos años.
El anuncio también abre un debate sobre el futuro de las políticas de paz en Colombia y la forma en que el nuevo Gobierno abordará los conflictos con los grupos armados ilegales. Mientras algunos sectores respaldan un enfoque más firme en materia de seguridad, otros consideran que será necesario conocer el alcance jurídico y operativo de las medidas anunciadas para evaluar su impacto en los procesos actualmente vigentes.
