Después de más de seis años de litigio, la Fiscalía Seccional 17 de Cartagena ordenó la restitución del terreno conocido como El Cayao a los nativos de la isla de Barú, luego de comprobarse irregularidades en el proceso de compraventa que permitió su transferencia. La denuncia fue presentada el 18 de agosto de 2018 ante la Fiscalía Seccional de Cartagena, señalando a Carlos Schrader Fajardo e Ignacio Morales como responsables de fraude procesal, falsedad material e ideológica en documento privado, uso de documento público falso, entre otros delitos. Según la investigación, los acusados obtuvieron la transferencia del dominio del terreno mediante un documento de compraventa sin los requisitos legales y un acta de audiencia de ratificación de firma suscrita con firmas falsas ante un juez civil. El predio en cuestión es donde actualmente opera la Sociedad Portuaria El Cayao, una gasificadora clave para la producción de gas en Colombia. En un intento por cerrar el caso, fiscales de la época buscaron su prescripción, pero tras un recurso de apelación, el expediente fue devuelto a la Fiscalía 17 para continuar con el proceso de restablecimiento del derecho. Fue en 2024 cuando se practicaron pruebas grafotécnicas y documentológicas a la promesa de compraventa y al acta de audiencia, determinando que no existía correspondencia entre las firmas registradas. En el mismo año, la Fiscalía vinculó a la Sociedad Portuaria El Cayao y a la Fiduciaria Itaú, esta última como titular de los derechos de dominio, pero ninguna pudo hacerse parte en el proceso debido a que presentaron poderes sin los requisitos legales. Finalmente, el 28 y 29 de octubre de 2024, la Fiscalía emitió una providencia ejecutoriada ordenando la entrega del terreno a los nativos de Barú, reconociéndolos como sus legítimos propietarios. Con esta decisión, se pone fin a un largo proceso judicial y se reivindican los derechos de la comunidad sobre su territorio.

Los #gremios de Atlántico y Bolívar han expresado su inconformidad con la solicitud de una licencia ambiental para el proyecto de restauración del #Canal del Dique, un plan que busca recuperar los ecosistemas degradados a lo largo de sus 115 kilómetros. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, recientemente exigió este trámite, lo que ha sido considerado por los gremios como innecesario, ya que el proyecto tiene precisamente un enfoque ambiental. En su comunicado, el Consejo Gremial de Bolívar e Intergremial Atlántico expresaron los beneficios que el proyecto traería para la región, como la reducción de inundaciones, la recuperación del Parque Natural Corales del Rosario y la mejora en la calidad del agua para los acueductos locales. Además, destacan que el uso del canal ayudaría a reducir las emisiones de CO2 al aumentar el transporte fluvial. Para estas entidades, el proyecto no solo ayudará al medio ambiente, sino que también generará oportunidades económicas en la región, con más de 60 mil empleos y un impulso para la agricultura, la pesca y el turismo en zonas necesitadas. Por eso, hicieron un llamado al Gobierno y a las entidades involucradas para agilizar los trámites y evitar retrasos que frenen las obras. “Lo importante es arrancar cuanto antes con esta iniciativa que tanto necesita la región”, concluyeron.