La hoja de coca vuelve al centro del debate internacional. Colombia y Bolivia han solicitado formalmente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) revisar su clasificación dentro de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, argumentando que su actual estatus representa una “negación de derechos” para las comunidades indígenas que la consumen de manera tradicional. Bolivia ha liderado durante años la defensa de la hoja de coca, considerada un elemento fundamental en la cultura andina. En este nuevo esfuerzo diplomático, el país cuenta con el respaldo de Colombia, cuyo gobierno ha adoptado un enfoque más flexible frente al uso de la coca, diferenciándola de la cocaína y destacando sus usos ancestrales y medicinales. La Convención de 1961 clasifica la hoja de coca como una sustancia que debe ser erradicada y prohibida, lo que restringe su comercio y producción, incluso en los países donde su consumo es una tradición milenaria. Sin embargo, los gobiernos de Bolivia y Colombia argumentan que esta clasificación ignora el valor cultural y medicinal de la planta, criminaliza su uso legítimo y limita el desarrollo de mercados legales basados en sus propiedades naturales. El apoyo de Colombia a esta iniciativa se enmarca dentro de la política del presidente Gustavo Petro, quien ha promovido una visión alternativa en la lucha contra las drogas, centrándose en la regulación en lugar de la erradicación forzada. Petro ha insistido en que la hoja de coca no es sinónimo de narcotráfico y ha señalado que su prohibición responde más a intereses políticos que a criterios científicos. Además, Colombia ha venido explorando nuevas oportunidades económicas en torno a la hoja de coca, impulsando proyectos de industrialización para productos derivados como infusiones, harinas y medicinas naturales, que podrían generar alternativas sostenibles para las comunidades campesinas. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que analizará la solicitud de Bolivia y Colombia, pero cualquier modificación en la Convención de 1961 requerirá un consenso internacional dentro de la Comisión de Estupefacientes de la ONU. Países como Estados Unidos y algunas naciones europeas han expresado reservas sobre esta revisión, argumentando que podría debilitar los esfuerzos contra el tráfico de drogas. Sin embargo, otros gobiernos latinoamericanos, como Perú y Venezuela, han mostrado interés en respaldar la iniciativa, lo que podría generar un bloque regional en favor del cambio. Si la OMS recomienda una reclasificación y la ONU acepta la modificación de la Convención de 1961, se abriría la puerta para que la hoja de coca pueda comercializarse legalmente a nivel internacional, permitiendo su exportación y el desarrollo de mercados regulados. Esto representaría un hito para los pueblos indígenas, que han defendido su derecho al consumo tradicional de la planta, y para los países andinos que buscan aprovechar su potencial económico sin caer en la ilegalidad.
