Un nuevo escándalo judicial sacude al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Everth Julio Hawkins Sjorgreen, exgobernador del departamento, fue capturado en Barranquilla por su presunta participación en hechos de extorsión y secuestro contra contratistas de la administración departamental.
La detención se produjo el lunes 19 de octubre de 2026, cuando unidades de la Policía Nacional hicieron efectiva una orden judicial en su contra. Según la Fiscalía General de la Nación, el exmandatario habría recurrido a integrantes de una organización delincuencial para intimidar a dos contratistas y exigirles pagos que, en conjunto, alcanzarían los $3.000 millones.
La investigación también contempla un hecho especialmente grave: una familiar de una de las presuntas víctimas habría sido retenida ilegalmente para presionar el pago del dinero exigido. Por estos acontecimientos, el exgobernador deberá responder ante la justicia por señalamientos relacionados con extorsión agravada y secuestro extorsivo.
¿Por qué fue capturado el exgobernador de San Andrés?
La Fiscalía informó que la captura de Hawkins se produjo como resultado de una investigación sobre presuntas amenazas y exigencias económicas dirigidas contra personas que tenían vínculos contractuales con la Gobernación de San Andrés.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por los investigadores, el exmandatario habría buscado apoyo en una estructura delincuencial para ejercer presión sobre los contratistas.
La finalidad, según la hipótesis del ente acusador, habría sido obtener millonarios pagos a cambio de permitir que las víctimas continuaran desarrollando sus actividades comerciales en el archipiélago.
Las amenazas también habrían estado dirigidas contra la integridad de los contratistas y sus familiares.
Hasta el momento, la Fiscalía ha identificado a dos presuntas víctimas dentro de esta investigación.
‘Las Salsas Mexicanas’: el grupo criminal que aparece en el expediente
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la presunta participación de una organización delincuencial conocida como ‘Las Salsas Mexicanas’.
Según la Fiscalía, Everth Hawkins habría establecido contacto con integrantes de esta estructura para intimidar a los contratistas y facilitar las exigencias económicas.
Los investigadores buscan determinar el alcance de esa presunta relación y las responsabilidades individuales de quienes habrían participado en los hechos.
La aparición de una organización criminal en una investigación contra un exgobernador plantea interrogantes sobre los mecanismos utilizados para presionar a particulares que mantenían relaciones comerciales con la administración pública.
Sin embargo, la vinculación atribuida a Hawkins corresponde a la hipótesis de la Fiscalía y deberá ser examinada por un juez.
Los $3.000 millones que habrían exigido a los contratistas
De acuerdo con la información divulgada por el ente acusador, las presuntas exigencias económicas contra los dos contratistas ascendían a un total de $3.000 millones.
Los investigadores sostienen que el dinero habría sido solicitado mediante amenazas, con el propósito de condicionar la continuidad de sus actividades comerciales.
Este señalamiento constituye uno de los elementos centrales del expediente, debido a que permitiría establecer la finalidad económica de las presuntas intimidaciones.
No obstante, las autoridades no han precisado públicamente cuánto dinero habría sido efectivamente entregado, si se realizaron pagos parciales o cómo se habrían distribuido los recursos.
Estas circunstancias deberán esclarecerse durante el proceso penal.
Una familiar habría sido secuestrada para presionar el pago
La investigación también incluye un presunto caso de secuestro extorsivo.
Según la Fiscalía, en uno de los episodios investigados habría sido retenida ilegalmente una familiar de uno de los contratistas.
La finalidad de esa retención habría sido incrementar la presión sobre la víctima para obtener el dinero exigido.
Este hecho explica por qué el proceso no se limita a las presuntas extorsiones, sino que también contempla una imputación por secuestro extorsivo.
La Fiscalía deberá presentar ante el juez los elementos que sustentan esta hipótesis y demostrar las circunstancias en las que habría ocurrido la retención.
Por razones de protección, no se ha divulgado la identidad de las personas afectadas.
Captura en Barranquilla: así se desarrolló el procedimiento
La detención de Everth Hawkins se realizó en Barranquilla, capital del Atlántico, mediante un procedimiento adelantado por unidades de la Policía Nacional.
Los uniformados actuaron en cumplimiento de una orden judicial vigente.
Tras la captura, el exmandatario quedó a disposición de las autoridades competentes para avanzar en las actuaciones procesales correspondientes.
La Fiscalía anunció que una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales lo presentaría ante un juez de control de garantías.
En esa diligencia se prevé la imputación de los delitos de extorsión agravada y secuestro extorsivo.
La captura constituye una actuación judicial dentro de una investigación penal y no representa, por sí misma, una declaración de culpabilidad.
¿Qué delitos le imputará la Fiscalía a Everth Hawkins?
La Fiscalía anunció que solicitará la imputación de dos delitos relacionados con los hechos investigados.
El primero es extorsión agravada, una conducta que implica obtener o intentar obtener un beneficio indebido mediante amenazas o presión sobre otra persona, bajo las circunstancias de agravación previstas en la legislación penal.
El segundo es secuestro extorsivo, que se configura cuando la privación de la libertad de una persona se utiliza para exigir dinero, obtener una ventaja o imponer determinadas condiciones.
Ambas conductas tienen un tratamiento especialmente severo en el Código Penal colombiano.
Sin embargo, la determinación de responsabilidad corresponde exclusivamente a la justicia, después de evaluar las pruebas y garantizar el derecho de defensa.
¿Quién es Everth Julio Hawkins Sjorgreen?
Everth Julio Hawkins Sjorgreen fue gobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cargo al que llegó para el período constitucional iniciado en 2020.
Su paso por la administración departamental estuvo acompañado de investigaciones y cuestionamientos relacionados con la contratación pública.
Uno de los episodios más conocidos se presentó durante la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, cuando las autoridades examinaron presuntas irregularidades en un contrato de publicidad institucional.
En septiembre de 2020, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su detención domiciliaria dentro de ese proceso.
Posteriormente, en abril de 2021, recuperó la libertad y retomó sus funciones como gobernador.
Es importante precisar que esos antecedentes corresponden a actuaciones distintas de la investigación actual por presunta extorsión y secuestro.
Los antecedentes disciplinarios del exgobernador
En 2024, la Procuraduría General de la Nación anunció una sanción de destitución e inhabilidad general por 13 años contra Hawkins, en primera instancia, por irregularidades relacionadas con un contrato suscrito durante la emergencia sanitaria.
El caso estaba vinculado con recursos destinados a divulgar información sobre la pandemia.
Las autoridades disciplinarias cuestionaron las condiciones de contratación y la utilización de dineros públicos.
La decisión fue parte de un procedimiento administrativo independiente de la investigación penal que ahora enfrenta por presuntas amenazas a contratistas.
La existencia de antecedentes disciplinarios tampoco determina automáticamente su responsabilidad frente a los nuevos señalamientos.
Otro proceso por millonarios recursos destinados a Haynes Cay
El exgobernador también ha sido investigado por presuntas irregularidades relacionadas con un proyecto de mejoramiento urbanístico en Haynes Cay, uno de los atractivos turísticos del archipiélago.
El proyecto contemplaba recursos superiores a $11.000 millones.
Según la investigación de la Fiscalía, se habrían presentado irregularidades en la contratación y ejecución de las obras, con un posible detrimento patrimonial superior a $4.300 millones.
El ente acusador ha cuestionado aspectos relacionados con la contratación y el manejo de los recursos destinados al proyecto.
Este expediente es diferente del proceso por extorsión y secuestro, aunque forma parte de los antecedentes judiciales que rodean la trayectoria del exmandatario.
Fiscalía investiga múltiples hechos de presunta corrupción en San Andrés
La captura de Hawkins se conoció en medio de un panorama de investigaciones sobre el manejo de recursos públicos en el archipiélago.
La Fiscalía informó que adelanta más de 33 investigaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción que involucran a funcionarios y exfuncionarios de la Gobernación de San Andrés.
Las actuaciones abarcan diferentes asuntos administrativos y contractuales.
Este contexto ha incrementado la atención sobre la gestión de los recursos departamentales y la responsabilidad de quienes han ocupado cargos de dirección pública.
No obstante, cada investigación debe analizarse de manera independiente y conforme a sus propias pruebas.
La existencia de varios expedientes no permite atribuir responsabilidades colectivas ni anticipar decisiones judiciales.
¿Qué sigue en el proceso judicial contra el exgobernador?
El siguiente paso anunciado por la Fiscalía consiste en presentar a Everth Hawkins ante un juez de control de garantías.
Durante las audiencias correspondientes se examinarán los aspectos legales de su captura y se adelantará la formulación de imputación.
El ente acusador deberá exponer los hechos jurídicamente relevantes que sustentan los delitos atribuidos.
También podrá solicitar medidas cautelares si considera que se cumplen los requisitos legales.
La defensa tendrá la oportunidad de controvertir las solicitudes de la Fiscalía y ejercer las garantías del debido proceso.
Por ahora, no se debe confundir la captura con una condena ni asumir que los señalamientos han sido judicialmente demostrados.
Un caso que genera preocupación en el archipiélago
La investigación contra un exgobernador por presuntos hechos de extorsión y secuestro ha generado especial atención debido a la naturaleza de los delitos y a la condición pública que tuvo el capturado.
El expediente plantea interrogantes sobre la seguridad de los contratistas, las posibles presiones ejercidas sobre actividades comerciales y la eventual intervención de organizaciones delincuenciales.
También evidencia la importancia de que las denuncias por amenazas sean investigadas con independencia y que las víctimas cuenten con garantías de protección.
En un territorio como San Andrés, donde el comercio y los servicios representan actividades económicas fundamentales, las acusaciones de intimidación contra contratistas tienen especial relevancia.
La investigación deberá establecer si existieron las conductas denunciadas y quiénes participaron en ellas.
Exgobernador de San Andrés, ante la justicia por graves señalamientos
La captura de Everth Julio Hawkins Sjorgreen abre un nuevo capítulo judicial para quien estuvo al frente de la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
La Fiscalía lo investiga por su presunta relación con una organización delincuencial que habría intimidado a dos contratistas para exigirles $3.000 millones.
La hipótesis incluye la posible retención ilegal de una familiar de una de las víctimas, hecho que llevó a las autoridades a contemplar el delito de secuestro extorsivo.
Mientras avanzan las audiencias y la presentación de pruebas, el exmandatario conserva su derecho a la presunción de inocencia.
Será la justicia la encargada de determinar si los señalamientos de la Fiscalía tienen fundamento suficiente para establecer responsabilidades penales.
