El alcalde Dumek Turbay volvió a radicar ante el Concejo de Cartagena el proyecto que busca crear la Empresa Oficial de Servicios Públicos de Cartagena S.A.S. E.S.P., una entidad 100 % pública que tendría al Distrito como único accionista y podría encargarse de servicios como acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y alumbrado público. La iniciativa había sido retirada el lunes 5 de octubre, luego de que la Oficina Jurídica del Distrito advirtiera posibles errores en el trámite del primer debate que podían generar vicios de procedimiento y afectar la legalidad del proceso.
La propuesta contempla un capital autorizado y suscrito de $40.000 millones, dividido en 40.000 acciones de $1 millón cada una, con aportes de $20.000 millones en 2027 y otros $20.000 millones en 2028. La empresa tendría autonomía administrativa y patrimonio independiente, y podría diseñar, construir, ampliar, operar y mantener redes, plantas de tratamiento, estaciones de bombeo e infraestructura de servicios públicos; modernizar el alumbrado, desarrollar proyectos de energía y aprovechamiento de residuos, participar en APP y licitaciones, y prestar servicios de consultoría y asistencia técnica. Además, el Distrito podría transferirle bienes, infraestructura y derechos de operación, mientras que la prestación de los servicios podría hacerse directamente o mediante operadores privados especializados.
Según la Alcaldía, el proyecto responde a problemas de continuidad del acueducto, cobertura, infraestructura, agua no contabilizada, capacidad técnico-operativa y atención de zonas rurales, insulares y corregimentales. Para evitar repetir los problemas de las antiguas Empresas Públicas Distritales, el modelo contempla Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva, Gerencia General y un esquema de gobierno corporativo. La iniciativa no crea automáticamente la empresa: el Concejo deberá autorizar su constitución, el aporte de hasta $40.000 millones y las actuaciones necesarias para ponerla en marcha, facultades que tendría el alcalde durante un año después de la eventual sanción del acuerdo.










