Los últimos días de noviembre marcan el inicio de la negociación para definir el incremento del salario mínimo en Colombia, un tema que enfrenta a los empresarios, los líderes sindicales y al Gobierno Nacional en una mesa de concertación. El Ministerio de Hacienda desinfló las expectativas de un aumento grande, ya que (de manera extraoficial) puso un punto de arranque mucho más bajo que el del año pasado. Esta vez, el punto de partida para la discusión es de apenas 6,2 %, una cifra que para algunos trabajadores pueden resultar decepcionante. Así quedarían los costos laborales, según el aumento que se decida: Salario mínimo Si sube 6,2%, quedará en $ 1’380.000. Si sube 6,5%, quedará en $ 1’384.000. Si sube 10%, quedará en $ 1’430.000 Auxilio de transporte Si incrementa 6,2%, será de $ 172.044. Si incrementa 6,5%, será de $ 172.530. Si incrementa 10% %, será de $ 178.200 Pero como los empleadores deben responder por salud, pensión, prima, cesantías, vacaciones, entre otros, esto le costaría a una empresa cada uno de sus trabajadores en 2025: Si aumenta 6,2 %, $ 2’322.439 Si aumenta 6,5 %, $ 2’371.550 Si aumenta 10 % %, $ 2’450.870 En 2024, los costos totales por trabajador son de $ 2’228.064. Según anunció el Ministerio de Trabajo, Entre el 12 y 15 de diciembre se llevarán a cabo las mesas de concertación, en las que deberían llegar a acuerdos para sellar el incremento. Sin embargo, en caso de que no se logre, el Gobierno la establecerá por decreto el 30 de diciembre.

El reconocido restaurante Café del Mar fue desalojado el pasado 2 de septiembre en el Baluarte de Santo Domingo por incumplir el contrato. La Alcaldía de Cartagena, a través de la Gerencia de Espacio Público, restituyó parte del espacio público ocupado por el establecimiento. Esta sentencia exigió la liquidación del contrato de arrendamiento que la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar) mantenía con el establecimiento, debido a que se consideró que vulneraba los derechos colectivos al uso del espacio público y al respeto por el patrimonio cultural. La misma que, determinó que los derechos al disfrute del espacio público estaban siendo violados y que el canon de arrendamiento pagado por Café del Mar estaba muy por debajo del valor real. Se estimaba que este debía ser alrededor de $150 millones mensuales, dada la ubicación privilegiada del baluarte.  A estas, Café del mar realizó un último intento, interpuso un recurso de reposición contra esta decisión, argumentando “una evidente falta de soporte jurídico y afirmaciones netamente subjetivas y carentes de sustento jurídico”, por lo que el Tribunal no tenía la competencia para ordenar el desalojo, ya que esta acción debía ser tomada por el Consejo de Estado, que la Alta Corte solo había dispuesto la liquidación del contrato. No obstante, el magistrado Villalobos respondió el 18 de octubre, afirmando que el desalojo era una consecuencia directa de la terminación del contrato de arrendamiento; y constituye además la finalidad de la orden judicial.