Después de más de seis años de litigio, la Fiscalía Seccional 17 de Cartagena ordenó la restitución del terreno conocido como El Cayao a los nativos de la isla de Barú, luego de comprobarse irregularidades en el proceso de compraventa que permitió su transferencia. La denuncia fue presentada el 18 de agosto de 2018 ante la Fiscalía Seccional de Cartagena, señalando a Carlos Schrader Fajardo e Ignacio Morales como responsables de fraude procesal, falsedad material e ideológica en documento privado, uso de documento público falso, entre otros delitos. Según la investigación, los acusados obtuvieron la transferencia del dominio del terreno mediante un documento de compraventa sin los requisitos legales y un acta de audiencia de ratificación de firma suscrita con firmas falsas ante un juez civil. El predio en cuestión es donde actualmente opera la Sociedad Portuaria El Cayao, una gasificadora clave para la producción de gas en Colombia. En un intento por cerrar el caso, fiscales de la época buscaron su prescripción, pero tras un recurso de apelación, el expediente fue devuelto a la Fiscalía 17 para continuar con el proceso de restablecimiento del derecho. Fue en 2024 cuando se practicaron pruebas grafotécnicas y documentológicas a la promesa de compraventa y al acta de audiencia, determinando que no existía correspondencia entre las firmas registradas. En el mismo año, la Fiscalía vinculó a la Sociedad Portuaria El Cayao y a la Fiduciaria Itaú, esta última como titular de los derechos de dominio, pero ninguna pudo hacerse parte en el proceso debido a que presentaron poderes sin los requisitos legales. Finalmente, el 28 y 29 de octubre de 2024, la Fiscalía emitió una providencia ejecutoriada ordenando la entrega del terreno a los nativos de Barú, reconociéndolos como sus legítimos propietarios. Con esta decisión, se pone fin a un largo proceso judicial y se reivindican los derechos de la comunidad sobre su territorio.

La proliferación del caracol africano en Cartagena ha generado preocupación, especialmente tras las lluvias recientes, donde el pasado miércoles, EPA Cartagena y la Guardia Ambiental extrajeron 350 ejemplares de un lote baldío en el barrio 13 de Junio.  Siendo así, el caracol africano es considerado una especie invasora peligrosa, ya que transmite parásitos que pueden causar enfermedades graves, como meningitis y bronquitis.  Por lo anterior, EPA Cartagena recomienda evitar el contacto directo con estos caracoles y desaconseja su uso como mascotas o carnada, pues se ha convertido en una práctica que aumentaría el riesgo de ser víctimas de esta especie.  Sin embargo, para enfrentar la situación, se han dispuesto recursos educativos en la página web de EPA Cartagena y se realizan visitas pedagógicas por parte de técnicos y la Guardia Ambiental. Por ello, estas acciones buscan informar a la comunidad sobre las medidas de control y prevención. Asimismo, entre las recomendaciones se incluyen el uso de guantes al manipular los caracoles, eliminar refugios potenciales y no usar venenos, donde los caracoles deben ser desechados cuidadosamente con cal o sal, para minimizar riesgos a la salud.