Salud asegura que la medida busca reducir consumo nocivo y financiar servicios esenciales
El Gobierno colombiano defendió el aumento de impuestos al alcohol y al tabaco decretado durante el estado de emergencia económica, luego de que los gobernadores de los 32 departamentos manifestaran su rechazo y anunciaran acciones judiciales para frenar la medida, al considerar que pone en riesgo las finanzas regionales.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, los nuevos tributos establecidos mediante el Decreto Legislativo 1474 de 2025 hacen parte de una política de salud pública sustentada en evidencia científica, cuyo objetivo es reducir el consumo de productos nocivos, prevenir enfermedades y muertes evitables, y generar recursos adicionales para sectores como la salud y la educación.
Impacto esperado en consumo de alcohol y tabaco
Según la cartera de Salud, el incremento de los impuestos permitiría reducir el consumo de vino en un 20 % y el de bebidas espirituosas en un 16 %. En el caso del tabaco y los vapeadores, el Gobierno anticipa una disminución significativa del consumo, especialmente entre niños y adolescentes, identificados como uno de los grupos más vulnerables.
El Ejecutivo sostiene que estas medidas siguen recomendaciones de organismos internacionales y experiencias aplicadas en otros países para desincentivar el uso de productos perjudiciales para la salud.
La rebelión de los departamentos
La defensa oficial se produce luego de que la Federación Nacional de Departamentos (FND) anunciara que demandará el decreto de emergencia económica expedido tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso en diciembre pasado.
Los gobernadores advierten un “riesgo cierto para la sostenibilidad financiera” de las administraciones departamentales, especialmente por el aumento del impuesto al consumo y el incremento del IVA del 5 al 19 % para los licores, con excepción de la cerveza. Según las regiones, estos recursos han sido históricamente destinados a financiar salud, educación y deporte.
Respuesta del Gobierno a las críticas
Frente a estos cuestionamientos, el Ministerio de Salud afirmó que el decreto no vulnera la autonomía territorial ni afecta los recursos ordinarios de los departamentos. Según el Ejecutivo, solo los ingresos adicionales derivados del aumento de las tarifas se destinan al Presupuesto General de la Nación, un mecanismo que —asegura— ya se ha utilizado en reformas anteriores.
El Gobierno calcula que con estas medidas podrá recaudar 11,1 billones de pesos en 2026, con el fin de aliviar la situación fiscal del país, luego de que el Congreso negara una reforma tributaria con la que se buscaban 16,3 billones de pesos.
Debate jurídico y diálogo político
Mientras avanza el debate, la FND evalúa la posibilidad de aplicar una excepción de inconstitucionalidad y otras acciones legales, a la espera de un pronunciamiento definitivo de la Corte Constitucional sobre la validez del decreto de emergencia.
En paralelo, el Ministerio de Hacienda anunció que el próximo lunes se reunirá con los gobernadores para revisar la aplicación del decreto, en un intento por abrir un espacio de diálogo mientras se define el futuro jurídico de la medida.
