La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha reconocido al Canal del Dique, ubicado en el norte de Colombia, como víctima del conflicto armado. Este cuerpo de agua, que conecta Cartagena de Indias con el río Magdalena, fue utilizado durante años para arrojar los cuerpos de personas asesinadas, principalmente por grupos paramilitares. La acreditación responde a una solicitud de la Ruta del Cimarronaje, una plataforma que agrupa a más de 200 organizaciones étnicas de la cuenca. La magistrada de la JEP, María del Pilar Valencia, destacó en un acto en Cartagena que este reconocimiento se debe a los informes presentados por las víctimas, en su mayoría afrodescendientes, que permitieron activar las competencias de la JEP. Valencia subrayó que, según el acuerdo de paz con las extintas FARC, se debe reconocer el impacto desproporcionado del conflicto en las comunidades étnicas y visibilizar las diversas violencias sufridas. Además, recordó que el Canal del Dique ha sido denominado por la Comisión de la Verdad como «el cementerio acuático más grande de Colombia». A pesar de la disminución de la violencia tras la firma del acuerdo de paz en 2016, el Canal del Dique sigue siendo utilizado para deshacerse de cadáveres, perpetuando el terror en la región. Las comunidades locales han reportado amenazas e intimidaciones para que no continúen con sus denuncias, lo que ha llevado a que algunas víctimas soliciten y reciban medidas de protección por parte del Estado. Aura Camargo, coordinadora de la Ruta del Cimarronaje, enfatizó la importancia de reconocer al Canal del Dique como sujeto de derecho debido a las múltiples afectaciones derivadas del conflicto armado, incluyendo desapariciones forzadas, desplazamientos y homicidios, así como el control ejercido por grupos armados en el territorio. Camargo también instó al Estado a reconocer los daños en el desarrollo económico, cultural, político y ambiental de la región. Este reconocimiento por parte de la JEP representa un paso significativo en la reparación y visibilización de las comunidades afectadas por el conflicto armado en Colombia, especialmente en territorios históricamente marginados como el Canal del Dique.

El 21 de octubre, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), detectó un conductor de buseta, que conducía bajo efectos del alcohol. Este conductor arrojó positivo en primer grado de alcoholemia, y como parte del procedimiento, la buseta fue inmovilizada por tres días. Su licencia de conducción podría ser suspendida hasta por tres años, según lo establece la ley 1548 de 2012. La sanción definitiva será determinada por un inspector de tránsito tras el debido proceso, y el infractor tendrá que pagar una multa que equivale a 180 salarios mínimos diarios legales vigentes, sin opción de reducción. El director del DATT, José Ricaurte, mencionó la importancia de estos controles, en especial con las fiestas de noviembre que se aproximan y la temporada de fin de año:“Con los agentes de tránsito seguiremos haciendo controles en la vía para prevenir siniestros viales”. Las autoridades informaron que la revisión tecnomecanica es fundamental para garantizar el buen funcionamiento de los vehículos y evitar accidentes. Los conductores deberán pagar una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Asimismo, se reiteró que los vehículos particulares no pueden ser utilizados para transporte público. pues esto constituye una violación de las normas de tránsito.

Afinia, empresa filial del Grupo EPM, anunció un importante avance en la modernización del sistema eléctrico de Cartagena con la energización en vacío del transformador de potencia #2 a 66 kV en la subestación La Marina, ubicada en Bocagrande. Este hecho marca el inicio del proceso de entrada en operación de esta infraestructura clave para el desarrollo urbano, comercial y turístico de la ciudad. Diseñada con líneas subterráneas para reducir el impacto visual en zonas históricas y turísticas como El Laguito, el Centro y Bocagrande, la subestación permitirá descongestionar otros circuitos y fortalecer la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio en sectores de alta demanda. El proyecto fue planificado por la UPME y es parte de un esfuerzo integral para robustecer la red eléctrica ante el crecimiento de Cartagena. “Este avance refleja nuestro compromiso con una infraestructura energética moderna y segura para nuestros usuarios”, afirmó Ricardo Arango, gerente general de Afinia. Con más de 386 mil usuarios en Cartagena y una mejora del 60% en los indicadores de calidad del servicio, Afinia ha invertido 3 billones de pesos en su zona de cobertura, consolidando su apuesta por un suministro eléctrico más eficiente y resiliente.