El inicio de las obras del megaproyecto del Canal del Dique, adjudicado en junio de 2023 y considerado esencial para la restauración ambiental y el desarrollo de la Costa Caribe, se pospondrá hasta mediados de 2026 debido a la necesidad de un nuevo estudio de impacto y restauración ambiental. Carlos Rosado, director de relaciones públicas de Sacyr, empresa encargada del proyecto, confirmó esta información. Este proyecto, que busca beneficiar a más de 1,5 millones de habitantes y abarca un área de influencia de 435.000 hectáreas en los departamentos de Bolívar, Sucre, Atlántico y la ciudad de Cartagena, tiene como objetivo cumplir con el 57% de la meta nacional de restauración ambiental. Sin embargo, la exigencia de un estudio más detallado ha generado este retraso. «Este nuevo estudio está muy enfocado en la protección y restauración del ecosistema. Los términos de referencia son los mismos que aplican a cualquier proyecto de infraestructura, pero se requieren mediciones en diferentes épocas climáticas, lo que toma un tiempo importante», explicó Rosado. El estudio ambiental comenzará en enero de 2025 y se extenderá por 14 meses. Posteriormente, se necesitarán otros cuatro meses para su aprobación por parte del gobierno, lo que pospondrá el inicio de las obras hasta 2026. Inicialmente, la etapa de preconstrucción, que incluye estudios de gestión social, predial y ambiental, tenía un plazo de 18 meses, proyectando el inicio de las obras para diciembre de 2024. Con el nuevo cronograma, el proyecto acumula más de un año de retraso. Otro factor crítico es la ausencia de una licencia ambiental, un proceso que, según Sacyr, podría tardar 18 meses. Esta licencia es fundamental para alcanzar el cierre financiero del proyecto, un punto que aún no se ha concretado. Aunque Rosado aseguró que el costo del nuevo estudio ambiental no es significativo, no se han proporcionado cifras sobre posibles sobrecostos relacionados con los retrasos. Este aplazamiento podría implicar desafíos financieros y logísticos para las partes involucradas, mientras se mantiene el compromiso de cumplir con los objetivos de restauración y desarrollo regional.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha eliminado de su lista de sancionados al empresario venezolano Francisco D’Agostino, cuñado de Luis Alfonso de Borbón, tras una revisión que determinó que no existían pruebas suficientes para mantener las restricciones impuestas en 2021. La decisión, informada por Infobae, también implica el levantamiento de las sanciones contra sus empresas, Elemento Oil & Gas y D’Agostino and Company, que habían sido señaladas en su momento por supuestos vínculos con redes de comercialización de petróleo en beneficio del gobierno de Nicolás Maduro. Estas medidas derivaron en el bloqueo de bienes y la restricción de sus actividades dentro del sistema financiero estadounidense. Por otro lado, en España, D’Agostino ha estado en el centro de un litigio que involucró la emblemática finca Son Galcerán en Mallorca. En este caso, la justicia falló a su favor en una disputa con Manuel March Cencillo, nieto de Juan March Ordinas, fundador de Banca March. La sentencia determinó que March Cencillo debía reembolsarle 2,4 millones de euros, además de una indemnización de 300.000 euros por los perjuicios ocasionados durante la operación de compraventa de la propiedad. D’Agostino, quien reside en España desde 2019, ha desarrollado su carrera en el sector de las inversiones y negocios internacionales.